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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “desechó de plano, por notoriamente improcedente”, la controversia constitucional promovida el 18 de agosto pasado, por el gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien busca dejar sin efecto el llamado “paquete de impunidad”, aprobado por la 14 Legislatura del estado.
La controversia, con número de expediente 80/2016 fue desechada el 29 de agosto pasado, por el ministro instructor, Arturo Zaldívar.
Como gobernador electo, Carlos Joaquín carece de personalidad jurídica para promover ese tipo de recurso, al no asumir aún funciones como gobernador, por lo cual no se admitió dar continuidad al trámite de demanda.
La Constitución Mexicana establece que las controversias constitucionales sólo son promovidas entre Poderes o autoridades, no por particulares o ciudadanos, como es el caso.
Es decir, un ayuntamiento puede presentar una controversia en contra de un Congreso estatal o viceversa; una Legislatura, en contra de un gobernador oo al revés; una secretaria de estado, en contra de un Congreso; un organismo como la Comisión de Derechos Humanos, en contra de alguno de los tres Poderes, por ejemplo.
Un ciudadano no puede recurrir a la controversia constitucional para defenderse de actos que le agravien, pero puede echar mano del amparo.
En consecuencia, se desechó “de plano por notoriamente improcedente la demanda presentada en vía de controversia constitucional”, promovida por Joaquín González, de acuerdo con la publicación de la Lista de notificaciones sobre trámites de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucional, del máximo tribunal del país, consultada por EL UNIVERSAL.
Carlos Joaquín interpondrá recurso de reclamación
El gobernador electo insistió en que pese a no haber entrado aún en funciones -en opinión de sus abogados- está facultado para promover una controversia, conforme al artículo 49 de la Constitución de Quintana Roo.
La interpretación que de ese artículo, hacen sus abogados -de acuerdo al texto de la demanda-, consiste en que Joaquín González ostenta “la calidad especial y diferenciada del resto de los ciudadanos”, como “Poder Electo”, al haber sido elegido como gobernador, el cinco de junio pasado.
“El hecho de que él gobernador electo’ no haya tomado posesión del cargo, no es suficiente para que se desconozca su calidad de ‘Poder Electo’.
“Lo anterior es así, ya que incluso antes de que se lleve a cabo la toma de posesión y protesta, ‘el gobernador electo’ va ejerciendo cada vez mayores atribuciones inherentes a su cargo, las cuales culminan con la toma de protesta, momento en el cual asume la totalidad de sus atribuciones”, asumen los abogados de Carlos Joaquín.
No obstante, por supremacía jurídica, la Constitución Mexicana está por encima de la constitución del estado, lo que implica que el gobernador electo, carece de personalidad jurídica para promover dicho recurso.
Pese a lo anterior, Joaquín González anunció que interpondrá un recurso de reclamación “para que sea el pleno de la Suprema Corte la que determine si tengo o no derecho de acudir (sic) a la controversia constitucional en mi carácter de gobernador electo”.
Persisten auditorias y acciones contra “paquete de impunidad”
Mediante un comunicado, añadió que las auditorías a la administración del actual gobernador, Roberto Borge Angulo, seguirán adelante, lo mismo que las acciones contra el paquete de impunidad aprobado por el Congreso de Quintana Roo en junio pasado.
Sostuvo que el “paquete de impunidad” -aprobado por la 14 Legislatura, que hoy culminó funciones- perjudica a la gente de Quintana Roo, al proteger “actos de corrupción” y disminuir la capacidad del gobierno entrante, que encabezará a partir del 25 de septiembre próximo, fecha en que rendirá protesta como gobernador constitucional.
Dicho parque legislativo establece modificaciones a la Constitución, el Código Penal y la Ley de Seguridad Pública, entre otras cosas, para disminuir la gravedad de los delitos cometidos por servidores públicos o que afectan la Hacienda, el patrimonio y el servicio públicos, como en el caso del delito de Peculado, que ya no está tipificado como grave y que se castiga ahora con cinco años y no 10.
Se aprobó la designación de personas vinculadas con la actual administración, cuyo desempeño ha sido polémico, como el caso del Fiscal General, representado por Arturo Álvarez Escalera; el titular del Órgano de Fiscalización, Javier Cetina González y magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Además se autorizó a Borge Angulo y a su familia, poseer escoltas durante los próximos 15 años, en el lugar que se encuentre, ya sea dentro o fuera del país, financiados con recursos públicos.
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