Se amparan contra “paquete de impunidad”

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Cancún .— La asociación Ciudadanos por la Transparencia (Citra) junto con habitantes de Quintana Roo presentaron una decena de amparos en contra del llamado “paquete de impunidad”, ante juzgados de Distrito radicados en la ciudad de Cancún.

El presidente de la agrupación, Juan Ignacio Athie Lambarri, calificó como “inédita” la medida ciudadana, al ser la primera acción legal para defenderse de lo que consideran una arbitrariedad, plagada de opacidades y poco apego a la ley.

En los juicios de amparo se solicita la protección de la justicia frente a la aprobación al decreto de las reformas hechas a la Constitución estatal, las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Seguridad Pública; el proceso de aprobación de esas reformas por parte de los ayuntamientos, así como la asignación presupuestal a dependencias de gobierno, lo que, acusan, va en contra de las buenas prácticas del Gobierno Abierto y de la democracia.

El abogado José Roldán Xopa explicó que como parte de las modificaciones están la disminución de sanciones a delitos relacionados con actos de corrupción y tráfico de influencias, como el peculado, que sólo se perseguirá por querella y se castigará con cinco años de prisión, cuando antes la pena era con 11. “Vuelven al Código Penal un chiste”, comentó.

Otro acto impugnado es la autorización para que el gobernador Roberto Borge y su familia, gocen de la protección de escoltas durante 15 años.

“Se presentaron 10 amparos, tanto de personas físicas, como de la asociación, y ante diversos Juzgados”, dijo.

Otra de las demandas de amparo, presentada por Citra, fue en contra de la forma en que se emitió la convocatoria para elegir a los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (IDAIPQROO), al no garantizar transparencia, oportunidad ni participación ciudadana.

La convocatoria y las designaciones, afirmó Athie Lambarrie, fueron “de último minuto” y “en total opacidad”.

“Con estas acciones se busca generar un precedente sobre la forma en la que debe conducirse el Poder Legislativo, ejerciendo como un verdadero contrapeso del Ejecutivo; así como asegurar la máxima publicidad de los procesos legislativos”, explicó.

Puntualizó que “en los últimos años en Quintana Roo los índices de corrupción, impunidad y deuda pública aumentaron. La sociedad demostró su hartazgo el pasado 5 de junio y, con un mayor número de votantes al de las elecciones pasadas, votó para que la deuda pública fuera esclarecida”.

Por otra parte, la secretaria general del ayuntamiento de Othón P. Blanco, Claudia Granados, afirmó que este orden de gobierno no ha promovido una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las aprobaciones que realizó recientemente el Congreso local.

Dijo que el síndico municipal, Arturo Fernández, presentó a título personal la controversia y si bien es el representante legal del municipio de índole administrativo, sus atribuciones no le permiten establecer controversias a nombre del ayuntamiento.