Para obtener más  información que contribuya a esclarecer las masacres cometidas por una célula del Cártel de “Los Zetas” en el municipio de Allende, (en marzo de 2011), y el Penal de Piedras Negras, (de diciembre de 2009 a enero de 2012),  la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitará a la fiscalía de la Corte de San Antonio, Texas, Estados Unidos, acceso al expediente de Marciano Millán Vázquez, donde se incluyen declaraciones de testigos protegidos.

“Los trámites se harán a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) ahora que concluyó el juicio en contra  del acusado, presunto implicado en los hechos ocurridos en Coahuila,  a quien el martes el jurado texano declaró culpable de la comisión de una decena de delitos graves”, afirmó el titular de la PGJE, Homero Ramos Gloria. 

Aunque habrá que esperar a que se le dicte sentencia, aclaró el funcionario quien expuso  los avances en las indagatorias de los multihomicidios que indignan  a la sociedad durante su comparecencia ante diputadas y diputados de las Comisiones Unidas de los Derechos Humanos y de Seguridad Pública del Congreso local, presididos por el líder de la Junta de Gobierno, José María Fraustro Siller.

Les precisó que confirman, hasta ahora,  los secuestros y asesinatos  de 33  personas en el Cereso de Piedras Negras y 27 en Allende, es decir, 60 víctimas y no 300 como  han  difundido   algunos medios de comunicación, aunque ambas investigaciones continúan abiertas.

También les proporcionó cifras de detenidos y órdenes de aprehensión en curso, les aseguró que en Coahuila no habrá impunidad para quienes cometan o hayan cometido delitos y "llevaremos ambos casos hasta sus últimas consecuencias para castigar a los responsables".

"El delito que se les imputa a los probables responsables es secuestro calificado, cuya penalidad es mayor incluso que a la que corresponde al homicidio”, enfatizó.

Al responder cuestionamientos del coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús de León Tello, aseguró que de las pesquisas se hizo una glosa que se entregó a la Procuraduría General de la República (PGR).

Fue de León Tello quien, mediante punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Diputación Permanente un día antes, logró que el procurador acudiera a la sede del Poder Legislativo a informarles de los resultados de ambas pesquisas, cuestionó la labor de la Procuraduría General de la República (PGR). 
 
                                 “LA PGR NO HACE SU TAREA”

“Con las respuestas del procurador nos queda claro que la PGR no ha hecho su tarea”, declaró el parlamentario panista a “EL UNIVERSAL”.

La  autoridad federal, agregó, no ha ejecutado órdenes de aprehensión en contra de funcionarios públicos que se hayan coludido con el crimen organizado para poder haber perpetuado este tipo de delitos que tienen que ver con delincuencia organizada, con desaparición forzada de personas.

Como participaron elementos de seguridad pública de Allende y por tratarse de la delincuencia organizada  es competencia de la autoridad federal y la autoridad local ha hecho cosas pero no son suficientes.

Por el tiempo ha habido omisiones de la pasada administración donde no se hicieron prácticamente acciones tendientes a acabar con el autogobierno en el Cereso de Piedras Negras que fue de noviembre de 2009 a casi 2012.

Secretarios de gobierno, secretarios de seguridad pública, jefes o titulares de los Ceresos, apuntó, no tomaron las medidas  necesarias para que eso no sucediera y en ese sentido es necesario que la PGR y la autoridad  local hagan una coordinación y actúen en consecuencia.  

Opinó que algunas respuestas  del procurador sin duda son importantes y les ayuda a esclarecer mucho de lo que se ha hablado en Allende y lo que sucedió en el penal de Piedras Negras, pero también  queda claro que falta mucho por hacer y faltan muchas investigaciones, porque son casos difíciles debido a que ya han pasado más de seis años.

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