Defensa pide libertad bajo fianza para Mireles

Morelia.— Al igual que 26 ex autodefensas, los abogados de José Manuel Mireles Valverde, ex vocero del Consejo de Guardias Comunitarias, pedirá que se modifique la prisión preventiva que actualmente priva de la libertad a su defendido, por lo que buscarán que el juez de Distrito, con sede en Uruapan, otorgue la libertad bajo fianza, entre otras medidas cautelares.

De acuerdo con la defensa, lo que se busca es la protección y respeto de los derechos humanos de libertad personal y presunción de inocencia, equiparado al caso del líder de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez Ginez, al que el juzgador le otorgó la libertad bajo caución, únicamente por el delito federal de operación con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, quien sigue preso por otros ilícitos.

La defensa de Mireles explicó que si bien son juicios y procesos totalmente ajenos, su objetivo es lograr que se replique la decisión judicial que se alcanzó con el líder magisterial.

Ignacio Mendoza Jiménez, defensor de Mireles Valverde, señaló que este lunes se cumple el término para que el juez federal defina si acepta o no los argumentos que favorezcan la salida del ex líder de las autodefensas del penal federal de Hermosillo, Sonora, donde se encuentra recluido desde junio de 2014, acusado de portación ilegal de arma de uso exclusivo del Ejército.

“Además de evitar con esto detenciones arbitrarias, se busca también que se verifique que las medidas cautelares a las que se sujete a todos los procesados del país —independientemente de si se trata del procedimiento penal tradicional o acusatorio— estén justificadas a partir de parámetros objetivos que deberá acreditar todo Ministerio Público y que no subsistan medidas cautelares de prisión preventiva que sólo se basen en la gravedad del delito”, establece el documento cuya copia tiene EL UNIVERSAL.

El abogado defensor, indicó que hasta este momento la medida cautelar de prisión preventiva a Mireles no cumple con ninguno los requisitos para que les sea aplicable, pues les fue impuesta de acuerdo con el sistema tradicional, al ser considerado un delito grave.

Mendoza Jiménez insistió en que para que hoy en día subsista la prisión preventiva, ésta tiene que apegarse a lo dispuesto en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y a parámetros internacionales, a efecto de que esta autoridad pueda tomar una decisión respetuosa de derechos humanos.

Por lo anterior, la defensa insistió en que el Juzgado de Distrito está obligada a respetar como autoridad la garantía de los derechos humanos, de acuerdo con el artículo 1 Constitucional y 1.1 del Pacto de San José, que es en el que basaron sus argumentos.