Frontera Comalapa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas (SSPC) asumió el control y la operatividad de la seguridad en este municipio luego de que el alcalde Jorge Antonio Aguilar Lucas perdiera el fuero tras ser arrestado el pasado jueves.

El ex presidente municipal está acusado del asesinato del ex edil y regidor del ayuntamiento, Alaín Anzueto Robledo, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo con la dependencia estatal, unos 200 policías de investigación y elementos operativos de la corporación asumieron las labores de vigilancia en este municipio limítrofe con Guatemala.

En un comunicado, la secretaría de Seguridad señaló que se instalaron puntos de control fijos y semifijos, patrullajes en tramos carreteros y otras actividades semejantes.

Además, se renovará y evaluará a todos los elementos de la policía municipal para evitar actos de corrupción, morosidad y negligencia en sus labores de vigilancia del poblado ante la ausencia del presidente municipal.

En un comunicado, el gobierno del estado informó que el control de la seguridad en Comalapa estará a cargo de la policía estatal de forma indefinida.

En esa zona fronteriza también realizan labores de seguridad elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Ejército.

En los próximos días se darán a conocer los cambios o rotaciones necesarias del personal de seguridad municipal con el objetivo de fortalecer a la corporación policiaca.

La detención de Aguilar Lucas, de extracción priísta, derivó de una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad contra Ludwin Moreno Salas, en mayo de 2015.

Además, el imputado es investigado por el homicidio de Anzueto Robledo, quien fue asesinado de cuatro balazos el martes 1 de marzo a unas cuadras de la Presidencia Municipal.

Ese día fueron detenidos Manuel Ventura Dolores, director de Limpia del ayuntamiento, e Ignacio Flores Ventura, cuando huían hacia Guatemala, y a quienes les aseguró un arma AK-47 y 20 dosis de cocaína.

En el lugar de los hechos, peritos certificados en criminalística de la Dirección General de Servicios Periciales aseguraron ocho casquillos percutidos   de calibre 38 súper.

Aguilar fue desaforado por el Congreso estatal y en cuanto los diputados aprobaron el juicio se   cumplimentó la orden de aprehensión.

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