La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reaccionó ante las denuncias presentadas por el senador, Daniel Ávila Ruiz, en contra del secretario de Finanzas  y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo.

El funcionario quintanarroense fue acusado, junto con el ex delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán, José Luis Carlos Santos Ramírez, de participar en la adquisición ilegal de centenas de hectáreas ejidales en el poblado de Ulila, municipio de Ucu, en el vecino estado.

Juan Pablo Guillermo es el suplente del diputado federal por Quintana Roo, José Luis “Chanito” Toledo Medina, identificado como el priísta favorito del gobernador, Roberto Borge, para sucederlo en el poder.

En respuesta a las denuncias presentadas por Ávila Ruiz, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), el órgano interno de control del Registro Agrario Nacional (RAN), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Procuraduría General de la República (PGR) y el dirigente del PRI en Quintana Roo, Raymundo King de la Rosa, dijo que quien debe ser investigado por probable tráfico de influencias, corrupción y enriquecimiento ilícito, es el senador.

Sin citar pruebas específicas, King de la Rosa manifestó mediante un comunicado que el legislador debe ser desaforado y puesto a disposición de las autoridades judiciales para ser investigado y procesado, pues su patrimonio familiar supuestamente se ha incrementado “de manera vertiginosa y sospechosa” en los últimos 10 años.

“No me intimidan”: Daniel Ávila

En entrevista con EL UNIVERSAL, Daniel Ávila afirmó que las acusaciones en su contra en medios de comunicación locales, pasando por ataques desde cuentas pagadas en redes sociales como Twitter, son “patadas de ahogado” del priísmo quintanarroense.

“No me intimidan para nada. Si una vez lo intentaron con Dragon Mart y lo paramos, sus trolles y difamaciones no nos van a frenar. Que presenten sus denuncias, yo no tengo nada que esconder.

“Desde que entré a esto he hecho pública mi declaración patrimonial, año con año. De hecho, me sumé al 3 de 3 y hago pública mi declaración fiscal y de intereses también. Yo los retaría entonces a ellos, retaría a Beto Borge a que haga lo mismo. Yo no tengo ‘cola que me pisen’”, sostuvo.

Otro tema que molestó al priísmo quintanarroense, fue la intervención del senador en el desorden que prevalece en las 640 hectáreas del Parque Nacional Tulum (PNT), en donde hoteleros violentan el decreto presidencial que declaró ese polígono como área natural protegida en donde no pueden construirse viviendas ni centros de hospedaje.

Raymundo King consideró que la intención del senador es “mediática, oportunista y llena de mentiras”.

Incluso, King de la Rosa evocó el episodio en que Ávila Ruíz fue detenido en el municipio de Tekom, cercano a Valladolid, en Yucatán, el siete de junio del año pasado.

La versión del presidente municipal de aquella demarcación, fue que el senador por el Partido Acción Nacional (PAN), en Tekom, estaba presuntamente induciendo el voto de la ciudadanía.

Sin embargo, el legislador argumentó que se encontraba acompañando a la entonces candidata de su partido, Karla Cocom Batún, quien corría peligro ante el clima de inseguridad, ataques y amenazas en su contra.

Ávila Ruíz fue detenido arbitrariamente por elementos de la policía municipal, quienes dañaron su vehículo, lo despojaron de su teléfono celular y lo mantuvieron incomunicado durante más de tres horas, lo cual denunció oficialmente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Demanda PRD en Cámara de Diputados investigación

La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ivanova Pool, presentó un punto de acuerdo para exigir que el RAN rinda un informe a la Cámara de Diputados sobre la adquisición de centenas de hectáreas de tierra en el municipio de Ucú, Yucatán, por parte de Manuel Alberto Guillermo Molina, hermano de Juan Pablo Guillermo Molina.

Pool solicitó además a la PGR que investigue el presunto tráfico de influencias y corrupción por parte de los hermanos Guillermo Molina para hacerse de esos terrenos, como consta en los archivos de la Dirección de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán.

“Resulta necesario, antes de que se pretenda politizar este asunto, que el gobierno federal aclare a través del RAN la forma en la que se han adjudicado estos terrenos”, manifestó.

La también secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mencionó que, recientemente, se han conocido diversos indicios relacionados con lavado de dinero, por las numerosas propiedades en diversos municipios de Yucatán que, “de forma sorprendente”, se adjudican a particulares.

“En el caso de que se trate de una adjudicación o cualquier otra forma de adquisición de la propiedad de estos terrenos, debe existir cómo comprobar la licitud de la misma, ya que Manuel Alberto Guillermo Molina no tiene empresas, o negocios directos con el gobierno de Yucatán”, ahondó.

cfe

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