Da PGR 1.5 mdp por acusados de 'granadazos'

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La PGR ofrece una recompensa de un millón 500 mil pesos a quien proporcione información que los lleve a la reaprehensión de los presuntos responsables de los granadazos de 2008 en Morelia, que dejaron siete personas muertas y 108 lesionadas.

Se trata de Julio César Mondragón Mendoza, alias César; Juan Carlos Castro Galeana, alias El Grande, y Alfredo Rosas Elicea, alias El Socio, a quien la PGR implica en los delitos de homicidio agravado, lesiones calificadas y portación de granadas.

El documento publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, señala que dicho acuerdo autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien proporcione información veraz y útil, que coadyuve para la reaprehensión de los mencionados.

Advierte que los mencionados son probables responsables de los delitos cometidos en agravio de siete personas fallecidas y 108 lesionadas por la explosión de una granada en Morelia.

“El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este acuerdo no será aplicable a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales”.

El 27 de mayo pasado, y a casi siete años de su detención, Mondragón, Castro y Rosas fueron declarados inocentes y absueltos por el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado, con sede en el Cefereso de Puente Grande, Jalisco.

Dicha sentencia se declaró como definitiva en favor de los cuatro imputados, por lo que fueron liberados.

La autoridad concluyó que la acusación de la PGR se había basado en las confesiones de tres de ellos, las cuales se demostró con pruebas periciales que habían sido declaradas bajo tortura.

Raúl Fernando Espinosa de los Monteros, abogado defensor de Alfredo Rosas, señaló que la PGR no tiene fundamentos jurídicos para nuevamente imputarle delitos a su representado y menos ofrecer una recompensa por quien ni siquiera ha sido notificado que enfrenta un proceso penal.

Explicó que en el amparo se decretó la suspensión definitiva los implicados para que gozaran de su libertad absoluta y definitiva.

Dijo que la defensa consiguió la libertad de los imputados al demostrar que habían sido torturados para que se declararan culpables, que la PGR había fabricado pruebas, que la Fiscalía había utilizado pruebas ilícitas a través de testigos protegidos y que no les fueron respetados sus derechos fundamentales.

Incluso, acusó que “pudimos probar que los acusados ni si quiera habían estado en Morelia ese día de los hechos; ahora no entiendo qué es lo que quieren las autoridades”, concluyó.