A solicitud del gobierno de Morelos, la Secretaría de Gobernación emitió la Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las mujeres en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, en cuyas demarcaciones se concentra el mayor número de feminicidios. El estado tiene 33 municipios.

El oficio de la Segob enviado en paralelo al gobierno de Morelos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) cita que el gobierno estatal deberá adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar medidas de seguridad, prevención y justicia para garantizar a las mujeres y niñas que están bajo su jurisdicción, el derecho a una vida libre de violencia.

En el tercer punto del oficio CNPEVM/855-1/2015 se pide al gobierno de Morelos diseñar un programa de trabajo para cumplir con el punto anterior, además de que deberá especificar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), en un plazo de 10 días hábiles a partir de la declaratoria, los recursos presupuestales para hacer frente a la contingencia de la alerta de género.

Lo anterior conforme al artículo 23, fracción IV de la Ley General de Acceso y 38 Bis, fracción segunda de su reglamento.

Además, la Secretaría de Gobernación cita que el grupo de trabajo se constituirá en el grupo Interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento y evaluará las acciones emprendidas por el gobierno morelense para atender la contingencia.

Desde el 2000 la CIDHM documentó casos de violencia extrema ocurridos en las administraciones 2000-2006, 2006-2012 y en lo que va de este gobierno; los dos primeros fueron gobernados por el PAN y el actual lo preside el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu.

En 2013 el organismo civil la CIDH Morelos impulsó la petición de la AVG ante los más de 500 casos de feminicidios en la entidad, en el periodo comprendido del año 2000 a 2013, cifra que se incrementó hasta 633 casos hasta el 15 de febrero del presente año.

Morelos es la segunda entidad que decreta la alerta, luego de que el Estado de México hiciera lo propio en 11 de los 125 municipios que lo conforman.

De acuerdo con un análisis oficial el primer foco rojo a atender es la existencia de un corredor, que cruza por estos municipios, de giros rojos y negros en los que las mujeres son tratadas como mercancía sexual. Cita asimismo que los permisos de funcionamiento son otorgados por los ayuntamientos y a partir de ese modus operandi, se detona un mecanismo de violencia de género, la cadena de trata de personas.

spb

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