Un acto de justicia

Editorial EL UNIVERSAL

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Un día salieron de sus casas a trabajar, estudiar o divertirse y nunca más se supo de ellos. Son alrededor de 40 mil mexicanos los que se encuentran desaparecidos. Son miles las familias que quedaron dolidas, que reclamaron respuesta y acciones a la autoridad, pero que tuvieron que iniciar por cuenta propia la labor de búsqueda, ante el desdén y el silencio oficiales.

Desde antes de asumir el poder, el actual gobierno federal anunció su disposición plena a atender el problema. En febrero se puso en marcha la estrategia nacional de búsqueda de personas, ayer se realizó una nueva reunión entre el presidente y familiares de desaparecidos —para reinstalar el Sistema Nacional de Búsqueda—, y en tres meses habrá una cita en la que se expondrán avances.

El camino que tendrá que recorrerse es cuesta arriba. Los desafíos principales se encuentran en los estados, pues solo en 13 de las 32 entidades hay avances para designar un comisionado local encargado de poner en marcha la estrategia estatal de búsqueda. Los reclamos más duros ayer fueron precisamente contra los gobernadores. Se requiere de la presión y exigencia de la Federación para que en los estados se reconozca la gravedad del problema y no se trate de ignorar los hechos.

Sin un trabajo de investigación de por medio, usualmente se señala a grupos criminales como presuntos responsables de los casos de desapariciones, pero no debe ocultarse la responsabilidad de los gobiernos de los tres niveles por su falta de acción para atender los casos. Oídos sordos a las demandas de familiares prevalecieron en la mayoría de los casos.

Hasta ahora, las naciones en las que ocurre el registro de casos de desaparecidos son usualmente gobiernos autoritarios. En México ninguno de los gobiernos que van en este siglo entran en esa definición. En el país las elevadas cifras de desapariciones no obedecen a una situación de dictadura, pero sí a gobiernos que olvidaron la razón de haberse instalado en el poder: buscar el bienestar de la población, un mayor desarrollo e impartir justicia.

No es tarde para dar respuesta a los miles de familiares que claman por conocer el paradero de padres, hermanos, hermanas, hijos o hijas. Este gobierno ha refrendado ese compromiso en varias ocasiones. Se está trazando una ruta hacia ello. La esperanza es enorme. Sería un acto de justicia.

 

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