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En el segundo día de la caravana migrante en la frontera sur mexicana, dos imágenes muestran situaciones contrastantes: miles aguardan de manera ordenada a ser atendidos por autoridades migratorias, mientras que otros deciden cruzar el río y llegar a territorio nacional más rápido y sin controles. En ambos casos se debe actuar con respeto a derechos humanos y sin asumir de antemano que su presencia causará un daño al interés nacional.
El gobierno mexicano informó anoche que al menos 900 migrantes que integran la caravana —y que buscaron ingresar a México por cruces no formales— fueron sujetos a procedimientos administrativos y serán repatriados. Únicamente 500 han aceptado retornar a su lugar de origen de manera voluntaria. En tanto, más de 640 solicitudes formales de refugio han sido aceptadas, en las que se ha dado prioridad a mujeres y niños. Es decir, a trompicones y sin experiencia previa en la atención de movimientos migratorios masivos, el país comienza a responder a la emergencia.
Todos los países cuentan con leyes para un ordenado ingreso a sus territorios y esta vez no tendría por qué ser la excepción. La gran mayoría de quienes vienen huyendo de la situación de violencia y pobreza de sus naciones se encuentran conscientes de la situación y aguardan turno para solicitar su ingreso a suelo mexicano, contrario al grupo que el viernes pasado intentó entrar por la fuerza y lanzando piedras, sin respetar los acuerdos previos de que se les permitiría ingresar en grupos de 50 o 100.
Los trámites no pueden ser a la velocidad que requieren los demandantes, se tienen que cumplir requisitos de registro como en todos los países. Cada nación tiene el derecho a conocer la identidad y origen de los que buscan cruzar o instalarse en su territorio... al menos dos razones: brindar ayuda adecuada a quien lo necesita o identificar a quien podría tener orden de aprehensión en su país.
La vía legal y ordenada es la mejor forma de ingresar y de respetar los derechos humanos que México puede ofrecer a los migrantes centroamericanos. Una vez que se admite su petición tendrían que ser llevados a un albergue en buenas condiciones, donde reciban alojamiento mientras se resuelve su solicitud. Migrar es un derecho y no tendría que derivar en violencia por parte de ninguna de las partes.
México debe aprovechar esta coyuntura para poner un ejemplo de trato digno y ordenado hacia los migrantes.
