Más allá de la Guardia Nacional

Editorial EL UNIVERSAL

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El crecimiento económico, la disminución de la pobreza, el respeto a los derechos humanos, el combate frontal a la corrupción y el abatimiento de la violencia son los principales retos que enfrentará el gobierno federal entrante a partir del próximo 1 de diciembre. De forma particular, la seguridad pública ocupa un lugar preponderante en un contexto en el que las violaciones sistemáticas al Estado de Derecho son cosa de todos los días.

Es sabido que el crimen organizado se apoderó desde hace tiempo de amplias regiones de la geografía nacional, del mismo modo que penetró las entrañas del Estado mexicano hasta controlar burocracias políticas y gubernamentales bajo la consigna de plata o plomo. Ante ello, la próxima administración federal ha delineado un plan basado en la conformación de una Guardia Nacional, conformada principalmente por marinos y militares, para combatir al crimen organizado y la inseguridad que éste provoca.

Diversas voces se han levantado para cuestionar la conveniencia de algunos aspectos que prevé el plan del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Una de estas voces, como da a conocer hoy EL UNIVERSAL, es la de autoridades de la Unión Europea, organismo que manifestó que evaluará si dicho plan de seguridad es compatible con el respeto a las garantías individuales.

Recientemente, organizaciones de corte global, como Amnistía Internacional, así como múltiples instituciones y expertos mexicanos, han expresado su preocupación por lo que implica llevar a cabo el plan nacional de seguridad delineado. De acuerdo con estas manifestaciones, la aprobación de la Guardia Nacional pondría en riesgo al Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.

A pesar de que la situación de seguridad en nuestro país es delicada y apremiante, una decisión de tal profundidad no solo marcará el destino en la materia del nuevo gobierno, sino a la estabilidad democrática y legal de nuestro país en el mediano plazo. Por ello es indispensable que las reformas legales y las políticas públicas que se implementarán surjan a partir de una visión conjunta, de largo aliento, con el fin de que se permita la preservación del país y sus habitantes.

El gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador todavía tiene tiempo para replantear aquellos aspectos que debilitan su propuesta de seguridad pública. Al respecto, es necesario que tome en cuenta los señalamientos que han hecho múltiples organizaciones de la sociedad civil, así como organismos defensores de derechos humanos. La seguridad pública compete a todos, y a todos hay que incluir en la definición de un futuro que nos implica. De eso se trata el ejercicio de la democracia para construir bien común y alcanzar la paz.

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