El combate inteligente

Editorial EL UNIVERSAL

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En el problema del robo de gasolina, como en la mayoría de ilícitos cometidos por la delincuencia organizada, hay personas que son el último eslabón de la cadena: los que se ven llenando bidones o vendiendo el combustible.

Hacia arriba de la pirámide son unos cuantos quienes resultan los más beneficiados y los que se embolsan sumas millonarias producto de la corrupción y del saqueo de bienes públicos. Son los altos funcionarios que se hacen de la vista gorda ante el robo de gasolina, son los jefes criminales que se coluden con la autoridad, son las grandes empresas que adquieren el energético de manera ilegal.

¿Cómo proceder contra ellos si actúan de tal manera que buscan no dejar huella de sus acciones? La recomendación que todo especialista menciona desde hace décadas es seguir la ruta del dinero. Invariablemente los recursos mal habidos se reflejarán en cuentas bancarias, sean personales o de familiares, o en suntuosas adquisiciones con efectivo.

Este lunes el gobierno federal dio a conocer información sobre presuntos involucrados en el robo de gasolina. Bastó el cruzamiento de datos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera con el Servicio de Administración Tributaria para hallar inconsistencias.

De los contribuyentes asociados a gasolineras, 194 registraron “inconsistencias fiscales relevantes en el renglón del Impuesto Sobre la Renta por un total de 3 mil 217 millones de pesos”. Más de 50% de esa cantidad corresponde a estaciones de servicio ubicadas en la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla.

También se encontraron contribuyentes relacionados con el robo de hidrocarburos que tienen prácticas financieras inusuales. Se explicó que hay gasolineras cuyas ventas superan las compras hechas a Pemex y a las importaciones realizadas de manera particular. El sistema bancario reportó operaciones relevantes o inusuales vinculadas con esas estaciones de servicio y encontró en la primera revisión movimientos por 10 mil millones de pesos, que no es otra cosa que lavado de dinero. Diversas cuentas bancarias fueron congeladas, se profundizarán las investigaciones y se iniciarán otras.

En el combate a cualquier conducta criminal la labor de inteligencia, entendida como la recolección y procesamiento de datos para el correcto funcionamiento de un Estado, siempre tendrá resultados más eficaces y “limpios” que emprender la fuerza o el despliegue policial contra grupos delictivos.

Ambas deben complementarse y trabajar de manera coordinada. Esa opción poco explorada hasta ahora debe ser una vía a resolver problemas del país.