Se encuentra usted aquí

Nuevo pacto regional contra el crimen organizado

Debido a que el crimen organizado opera como una empresa internacional, su combate debe tener idéntica constitución supranacional
21/02/2018
02:17
-A +A

La negociación entre Estados Unidos, Canadá y México para modernizar al TLCAN debería servir no sólo para fortalecer la agenda trilateral en áreas estratégicas sobre el desarrollo económico, energético, laboral y ambiental de la región, sino también para consolidar y ampliar la cooperación internacional en asuntos de interés común.

Indudablemente, uno de estos rubros lo constituye el combate al crimen organizado, el cual se caracteriza por ser un fenómeno trasnacional. Si bien esta condición requiere que se ataquen sus causas, la realidad es que Estados Unidos, como el principal consumidor de drogas, no ha perseguido a esa criminalidad de forma eficaz, ni ha disminuido su demanda ni ha combatido al flujo ilícito de armas y dinero.

Por esta razón, ningún éxito se logrará sin un conjunto de políticas alineadas de forma conveniente que sirvan de guía tanto para fijar las bases de la cooperación regional como para que cada país involucrado diseñe sus programas y ejecute sus acciones para contrarrestar la creciente amenaza que representa esa delincuencia.

Hacer caso omiso de esa advertencia continuará provocando frustración, negación y descalabro en los titánicos esfuerzos que en ese contexto llevan a cabo las democracias que integran el bloque económico más grande del planeta; entre tanto, la falta de armonización la seguirá aprovechando la propia delincuencia organizada.

Es decir, mientras ese acuerdo contra el crimen organizado no tenga lugar en América del Norte, de forma equilibrada, solidaria y responsable, de nada servirá que nuestro país continúe luchando con miembros de las Fuerzas Armadas o de la seguridad pública, que arriesgan su vida con enorme aplomo, sacrificio y valentía.

Tampoco servirán los juicios que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos para complacer a sus electores, los que no buscan perseguir al crimen organizado, sino tan sólo pactar beneficios con los grandes capos a cambio de información y de recursos para satisfacer sus intereses, dejando intacta la estructura criminal.

En la medida en que se continúe extraditando a los principales capos que captura, sin recabar información relevante de forma previa y tampoco sin incorporar a nuestras propias investigaciones los delitos que cometen por los grupos delictivos en el extranjero, persistirá la imposibilidad de probar su responsabilidad criminal.

Lo anterior no significa —bajo ningún concepto— que México deba pactar, transigir o doblegar su soberanía con motivo de presiones o de pretendidas condiciones más favorables en materia comercial o derivadas de cualquier otra ventaja o posición que no sea fruto o resultado del más absoluto respeto entre naciones soberanas.

Debe recordarse que el hecho de que el crimen organizado del siglo XXI opere como una empresa internacional, que utiliza la tecnología y se conforma por sofisticadas estructuras dispuestas “en redes” y cuyo principal propósito es la obtención de enormes ganancias ilícitas, debe conducir a que los esfuerzos para combatirlo tengan esa idéntica constitución supranacional y que, sobre todo, sean eficaces.

Fue a partir del entendimiento de esa institucionalización del crimen organizado que el concierto de países decidió suscribir la Convención de Palermo para combatirlo por medio de la cooperación judicial internacional y el establecimiento, homologación y regulación de las llamadas “técnicas especiales de investigación”.

En México, las estrategias instrumentadas hasta la fecha sólo han intentado resolver el problema de seguridad pública, dejando de lado la creación de una política criminal en contra del crimen organizado, por lo que éste no es combatido, aunque sea la principal causa de esa inseguridad y una amenaza contra las instituciones.

Esa política nacional bien podría implementarse iniciando por utilizar los tratados internacionales que se tienen a la mano para que, dentro de un esquema de cooperación judicial regional e internacional, sea nuestro país quien ponga en marcha y conduzca las investigaciones y los juicios en contra del crimen organizado.

En suma, en estos momentos que redefinen el porvenir en la región norteamericana en un aspecto tan relevante como lo es un gigantesco mercado de consumo de capitales, bienes y servicios, México debe concentrar esfuerzos en su agenda diplomática, especialmente con Estados Unidos, para enfatizar que la cooperación regional será la única arma que podrá cortar los tentáculos del crimen organizado.

Consejero de la Judicatura Federal
de 2009 a 2014

Daniel Cabeza de Vaca Hernández
Consejero de la Judicatura Federal (2009-2014). Licenciado en Derecho y Posgraduado en Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato. Maestría en Ciencias Penales por el INACIPE. Fue Procurador...

Comentarios