Más Información
abida.ventura@eluniversal.com.mx
A tres años del daño ocasionado a la escultura ecuestre de El Caballito, la Procuraduría General de la República (PGR) asegura que el proceso de investigación que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) interpuso en octubre de 2013 contra la empresa Marina Restauración de Monumentos y/o los funcionarios que resulten responsables sigue en proceso.
“La PGR inició la averiguación previa del caso, se solicitó información a distintas instancias, hemos estado recabando los peritajes y la documentación necesaria para poder establecer si hubo o no responsabilidad por parte de los funcionarios que en su momento participaron y/o otorgaron el consentimiento o contrato para la supuesta restauración de la obra y también para la empresa que llevó a cabo estos trabajos”, explicó a este diario José Guadalupe Medina, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Sin embargo, la averiguación previa número 206/UEIDAPLE/LE/1/2013 sigue en curso. “Los tiempos se dan en función del desahogo de información de las distintas autoridades que participan y de los peritajes que estamos requiriendo”, afirmó.
Según el funcionario, el impacto económico sobre los daños a la escultura está valuado en un millón y medio de pesos, que es el costo que se ha determinado de manera pericial, a reserva de hacer las actualizaciones correspondientes. Esa cuantificación, explicó, es lo que el INAH consideró que representaba el costo de la restauración en 2013. “No sabemos cuánto sería al día de hoy, en caso de que se acredite la responsabilidad”, aclaró.
Cuando a finales de junio el INAH dio a conocer que se encargaría de los trabajos de restauración de la pieza de Manuel Tolsá, dijo que el costo de los trabajos estaba valuado en 2 millones de pesos, que otorgará el gobierno de la Ciudad de México.
Según el funcionario, esta investigación, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, se lleva de manera paralela a la que realizan las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. En febrero de 2014 fueron sancionados e inhabilitados por la Contraloría General del DF cuatro funcionarios menores del Fideicomiso del Centro Histórico y de la Secretaría de Gobierno capitalino. El encargado de la empresa Marina Restauración, Arturo Javier Marina, también fue inhabilitado por 10 años para participar en procedimientos de contratación con la administración pública de la ciudad.
