La esclavitud en el México moderno

Catalina Pérez Correa

El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar llegó y se fue. La fecha busca visibilizar el trabajo doméstico remunerado y las malas condiciones en las que se realiza esta labor. Tristemente, en muchos casos, se trata de una especie de esclavitud moderna, al menos en nuestro país. México es uno de los países de América Latina que más alto porcentaje de trabajadoras tiene en ese sector pero también el que más bajas prestaciones les garantiza.

Según el Inegi, en 2017 había 2.4 millones de personas dedicadas al trabajo remunerado en el hogar, 90% son mujeres y solo una de cien cuenta con un contrato laboral por escrito. La mayoría (80%) realiza trabajo de limpieza, aunque también cuidan a niños o a mayores de edad. A estas mujeres (a veces niñas) la ley mexicana les niega los derechos laborales que reconoce a otros trabajadores. La inscripción de las trabajadoras domésticas al seguro social es voluntaria (lo decide el patrón) y su régimen de seguridad social es menor que para otros trabajadores, pues no incluyen servicios de guardería ni acceso al Infonavit. La naturaleza oculta y solitaria del trabajo doméstico facilita una infinidad de abusos como las jornadas laborales sin límites, la ausencia de descansos suficientes y regulares y la falta de vacaciones pagadas.

Este año, la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar coincidió con el inicio de las campañas electorales. Algunos de los candidatos se expresaron sobre el tema, aunque la mayoría no dijo nada sobre estas mujeres.

En Twitter, José Antonio Meade prometió “hacer deducibles del ISR las aportaciones voluntarias de los patrones para su seguridad social en @Tu_IMSS”. Luego, en el arranque de su campaña, puso a las trabajadoras del hogar como primer tema en su agenda y prometió que en su gobierno tendrían seguridad social, pero omitió mencionar salarios y horarios dignos para estas trabajadoras, descansos, vacaciones pagadas o aguinaldos.

En la CDMX el candidato del PRI, Mikel Arriola, conocido ya por sus rancias propuestas conservadoras, prometió que “las amas de casa tendrán derecho a una pensión al cumplir 60 años.” La propuesta —y omisión sobre el trabajo doméstico— embona con sus ideas sobre la familia tradicional, en la que las mujeres no forman parte del mercado laboral y solo cuentan como amas de casa que cuidan del hogar de forma no remunerada.

Ni el puntero Andrés Manuel López Obrador, ni Ricardo Anaya, ni Alejandra Barrales, ni Claudia Sheinbaum dijeron algo sobre estas mujeres el Día de las Trabajadoras del Hogar. (En fechas anteriores, hay que mencionarlo, Anaya se había pronunciado por la ratificación del convenio 189 de la OIT que exige a los Estados una serie de medidas para hacer que el trabajo doméstico sea digno y justo.) Margarita Zavala, en cambio, escribió en Twitter: “Reconozcamos el valor y los derechos de las y los trabajadores del hogar. Propongo darles todas las prestaciones de ley, incluyendo guarderías y seguro universal de salud”. Sin duda, una grata sorpresa que hay que reconocer y una postura que contrasta con la que tuvo su marido, quién firmó el convenio de la OIT pero nunca lo envió al Senado para su ratificación.

Resulta elocuente que solo dos de los aspirantes presidenciales se dirigieran a este numeroso grupo, con las que probablemente conviven de forma cotidiana. Gran parte de la atención de las campañas ha estado en el tema de seguridad. No es para menos, dada la crisis en que está inmersa el país. La seguridad es un tema complejo que pasa necesariamente por la desmilitarización, la restructuración de las policías, el establecimiento de instituciones de justicia confiables, la reforma de la política de drogas y un largo etcétera. Sin embargo, también conlleva un componente de justicia que hace necesario reconocer y garantizar los derechos de todos y todas, sobre todo de quienes han sido relegadas de forma sistemática a lo largo de la historia.
 

División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorrea

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