La delgada línea entre crimen y autoridad

Catalina Pérez Correa

Una de las últimas recomendaciones de la CNDH relata la tortura que sufrió una familia (padre, madre y tres hijas de 8, 6 y un año de edad) a manos de la Policía Federal en 2015. Según el testimonio de las víctimas, y de varios vecinos, la familia fue detenida en el poblado de Centro, en Tabasco, cuando llegaba a su casa a medio día. Los policías que realizaron la detención, bajaron al padre del coche donde viajaba toda la familia y lo subieron a otro vehículo mientras que a la mamá le vendaron los ojos y a las niñas les cubrieron la cara con unas gorras, amenazándolas para que no alzaran la cara y vieran a quienes realizaban la ilegal detención. Las niñas fueron separadas de su madre para que esta pudiera ser interrogada. Incluso, la bebé de 1 año fue arrebatada de sus brazos. A todos los llevaron a una localidad desconocida donde permanecieron más de 24 horas, sin agua, sin comida y sin poder usar el baño. Ni siquiera se les permitió cambiar el pañal sucio de la bebé.

Durante las horas que permanecieron en el lugar desconocido el padre fue torturado, mientras las hijas y esposa escuchaban sus gritos y llanto. La hija de 6 años es citada diciendo que “lloraba mi papá... gritaba y lo escuchaba”. La madre relata que quien las cuidaba “nos dijo que nos calláramos, que nos pegarían un tiro si seguíamos haciendo ese escándalo, por lo que como pude las abracé a las tres y le dije en voz baja que no lloraran, que no pasaba nada, que pronto pasaría todo (…) a una de mis hijas (la de 6 años) la regañaban a cada rato, mencionándole en reiteradas ocasiones que le iban a disparar apuntándole con un arma, ya para este entonces mis hijas lloraban de angustia, por lo que veían y escuchaban se encontraban desesperadas, con hambre y con picaduras de mosquitos.” Al papá, lo amenazaron con violar a la esposa e hijas para obligarlo a firmar una declaración en la que aceptaba la versión de los hechos de la Policía Federal: que fue detenido en una bodega donde se encontraban hidrocarburos y drogas.

Al día siguiente la mamá y las tres niñas fueron abandonadas en una carretera, sucias, sin comida ni dinero. Al llegar a su casa se enteraron que había sido saqueada. Se habían llevado televisiones, computadoras y dinero, entre otras cosas. El papá, golpeado según los testimonios médicos de la PGR, fue puesto a disposición de la SEIDO y hasta hoy permanece en reclusión por delitos de delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y contra la salud.

En cifras, esta historia se registra como uno de los delitos que la autoridad sí castiga, en la que sí hay una efectiva lucha contra la impunidad y la delincuencia organizada. ¿Qué historias acompañan a las otras personas recluidas por el Estado en este país? Quizás el padre de esta familia realmente estaba involucrado en el robo de hidrocarburos y en el negocio de narcotráfico. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las autoridades no lo demostraron. En lugar de ello se comportaron como delincuentes, violentando a quienes deben proteger y violando sin reparo las leyes que explican su razón de ser.

La práctica de la tortura en México es bastante común y aceptada, no sólo por agentes de las diversas instituciones de seguridad, sino también por la sociedad. En una encuesta de la UNAM sobre cultura constitucional, ante el caso hipotético de un violador, casi 50% de los encuestados dijo estar de acuerdo o en parte de acuerdo con el uso de la tortura para obtener una confesión. Imagino que ante un caso que involucre la tortura de menores, la mayoría de las personas estaría en desacuerdo, pero se trata de un matiz. La aceptación de la tortura en algún grado parece llevar inevitablemente a excesos como los que aquí se relatan y a difuminar, aún más, la tenue línea que distingue a delincuentes y autoridades. Parece llevar inevitablemente a mayor violencia e impunidad.
 

División de Estudios Jurídicos CIDE. @cataperezcorrea

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