Armando a México

Catalina Pérez Correa

La matanza reciente en Las Vegas trajo a la luz, de nueva cuenta, el debate público sobre el mercado de armas en Estados Unidos y su regulación. Según los informes policiacos, Stephen Poddock, el hombre que mató a 59 personas e hirió a más de 500, tenía más de 40 armas. Esta cifra quizás resulta poco alarmante en un país que usa la categoría de “super-poseedores” para distinguir a las 7.7 millones de personas que poseen entre 8 y 140 armas.

La regulación de armas en Estados Unidos ha sido muy discutida pero ha logrado pocos avances debido al fuerte cabildeo de la industria. La legislación federal de aquel país establece que las personas que venden armas de forma regular deben tener una licencia para hacerlo y, por tanto, sujetarse a las normas federales que, entre otras cosas, obligan a revisar los antecedentes de los compradores. Sin embargo, quienes venden armas de forma ocasional —por ejemplo en ferias de armas o en privado—, no requieren licencia. Pero incluso las normas federales sirven poco para impedir que alguien como Poddock compre las armas y accesorios que quiera. La culata automatizada que usó en su rifle para hacerlo más letal ni siquiera es considerada arma para efectos legales. La revisión de antecedentes tampoco sirve para impedir que delincuentes, norteamericanos o extranjeros, compren armas a través de terceros.

La laxa regulación de armas de Estados Unidos no sólo facilita que los tiroteos sucedan casi a diario —en 2015 hubo 372 tiroteos que dejaron 475 muertos y 1870 heridos—, también contribuye a la violencia que vivimos en México. Parte de las armas vendidas allá terminan en nuestro país y varios estudios señalan que la venta de armas en Estados Unidos está relacionada con los homicidios más al sur.

De acuerdo con un estudio del Congreso estadunidense, de las 104,850 armas ilegales decomisadas en México entre 2009 y 2014, 70% provenían de Estados Unidos (específicamente de la frontera suroeste). Es difícil saber realmente cuántas armas cruzan la frontera, pero se estima que las armas decomisadas sólo representan alrededor del 18% de las armas traficadas (McDougal et al.). Y casi la mitad de las armas que cruzan ilegalmente la frontera son armas largas o de alto poder, las preferidas por la delincuencia organizada. Hoy se calcula que circulan en México más de 15 millones de armas de las cuales 85% son ilegales.

La proliferación de armas en México, sin embargo, no se limita a la compra-venta y tráfico ilegal. Un reporte de ASFC señala que: “Entre 2006 y 2016, Sedena vendió 12,541 armas de fuego (rifles y pistolas) de las que había adquirido de Sig Sauer a corporaciones policiales y particulares, por un valor de casi 10 millones de dólares, según Sedena. La mayoría de esas armas (8,099) fueron transferidas a policías estatales y municipales entre 2014 y 2016, incluso en estados donde se imputa la colusión de policías con el crimen organizado, tales como Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, y Morelos”. Es decir que un indeterminado número de armas que legalmente entran al país terminan sirviendo al crimen organizado, proporcionadas por nuestro gobierno. Los últimos datos del Banco Mundial muestran además que mientras el resto de América Latina ha disminuido el gasto en armamento, México continúa invirtiendo enormes cantidades en este rubro.

Son muchas las causas de la violencia en México: la indecente desigualdad, la falta de legitimidad del Estado y sus autoridades, la fallida política de drogas, la creciente militarización y la falta de profesionalización de las policías y otras instituciones del sistema de seguridad pública. La entrada creciente e irrestricta de armas —legales e ilegales— a nuestro país es otro factor. México ha puesto muchos recursos, y vidas, en detener las drogas que viajan hacia la frontera norte, corresponde ahora detener la entrada de armas de norte a sur.

División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorrea

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