Ven irregularidades en consorcio ganador

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Alí Eduardo Bañuelos Santana, presidente y apoderado de Tecnoradio, labora en Diamond Electronics, empresa que ganó diversas licitaciones para proveer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de televisores digitales para ser repartidos entre la población de escasos recursos definida por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Diamond Electronics ganó tres procesos para proveer televisiones digitales junto con Comercializadora Milenio, donde ganaron un proceso por 3 mil 945 millones de pesos, otra por 588.7 millones y una tercera por 138.5 millones. La participación de Bañuelos Santana se suma a la de Carlos Lara Sumano, director general del IMER, quien cuenta con casi la mitad de las acciones de Tecnoradio, como lo informó este jueves EL UNIVERSAL.

Lara Sumano fue contralor Interno en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), mientras que Cenobio Alfonso Amilpas Godinez, quien también cuenta con acciones de Tecnoradio, laboró en la SCT en el área dedicada a la radio.

De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, René Padilla Páez es el secretario de la Sociedad Anónima, Miguel Sánchez Maldonado funge como comisario, Enrique Escalante Oropeza es el apoderado y Francisco Márquez Lozano es tesorero.

Tecnoradio debe pagar y entregar documentación por 34 frecuencias en FM que le costarán 249 millones 934 mil pesos y por tres frecuencias en AM por 19 millones 764 mil.

Abel Hibert, ex comisionado de la extinta Cofetel, comentó que la participación de Bañuelos Santana no tiene las implicaciones que tiene las del accionista Carlos Lara, pues el IFT no estuvo involucrado directamente en la licitación de televisiones digitales, proceso que corrió a cargo de la SCT.

El ex funcionario recordó que como parte de las licitaciones, el instituto debe evaluar la capacidad jurídica, técnica y su solvencia financiera y económica. “Respecto a la técnica, se lleva el proyecto, se dice lo que se va a hacer, en este caso la infraestructura; en la parte técnica se llevan comprobantes sobre el origen del dinero y cómo se va a fondear y en la jurídica se checan las actas constitutivas de las empresas”, detalló. En dichas actas se encuentran los nombres de los accionistas; sin embargo, Hibert considera que no se investigó a detalle este rubro.

“Llama la atención que sea del IMER, porque puede haber conflicto de interés”, comentó el experto.