La delincuencia le cuesta a empresas 110 mil mdp: CCE

maria.saldana@eluniversal.com.mx

Ni las entidades ni la Federación están listos para cumplir con la implementación total de la reforma de justicia de 2008, que debe de estar al 100% el 18 de junio próximo, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

De acuerdo con la organización, al contrario, se tiene un sistema obsoleto, corrupto y sin avances para revertir la delincuencia, lo que al sector privado le cuesta anualmente 110 mil millones de pesos.

El presidente de la máxima cúpula empresarial del país, Juan Pablo Castañón, aseveró que sólo 1% de los delitos llegan a niveles de sanción y menos de 10% se denuncian; mientras que las cárceles tienen una sobre población de 30%.

El representante del Consejo Coordinador Empresarial añadió que tres de cada 10 empresas han sido víctimas de delitos, lo que les ha representado un costo anual de 110 mil millones de pesos.

Castañón explicó que en lo que va del año se registraron 4 mil homicidios relacionados con el crimen organizado y ocho de cada 10 mexicanos sienten inseguridad.

Mencionó que preocupa que mientras la población es víctima del delito, “los grandes escándalos de corrupción rara vez se investigan y llegan a consecuencias, salvo casos aislados, que muchas veces tienen tintes políticos”, indicó,

Por lo que ante dicha realidad se podría ver que los linchamientos tienen ahí su origen.

“Por eso es fundamental transformar a fondo nuestro sistema de procuración de justicia, obsoleto frente a los niveles de corrupción y delincuencia que corroen la confianza, la convivencia social y el crecimiento económico consecuente”, agregó Juan Pablo Castañón.

“Por la misma razón es que insistimos en que el Sistema Nacional Anticorrupción no puede funcionar sin una fiscalía autónoma y competente, con todas las atribuciones que complemente el sistema”, recalcó.

El 18 de junio de 2016 debe entrar en operación, a nivel federal y estatal, el nuevo sistema penal dispuesto por la reforma de justicia de 2008, con lo que el país va a transitar de la opacidad a un esquema acusatorio basado en la presunción de inocencia, en procesos abiertos, transparentes y con juicios orales.

Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), “apenas nueve entidades operan totalmente en el nuevo esquema, ninguna cumple con todos los estándares de una transformación completa, y en el orden federal el retraso es igualmente importante. Todo esto, a pesar de que contaron con ocho años y de que se canalizaron ingentes recursos económicos para infraestructura, equipamiento y capacitación”.

De mantenerse este ritmo de implementación, el país va a tardar hasta 2017 para consolidar el nuevo esquema de justicia.