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México y los países de América Latina deben transparentar más los riesgos fiscales asociados con los pasivos contingentes relativos a la seguridad social, pensiones públicas, asociaciones público-privadas, desastres naturales, las finanzas de los gobiernos subnacionales y la volatilidad de los ingresos públicos como el petróleo, advirtieron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Lo anterior, con el fin de promover la estabilidad fiscal y el desarrollo económico, pues la reciente crisis demostró que es necesario avanzar en ese proceso de mejoramiento y elevar la integridad de los sistemas de gestión financiera pública (GFP).

La información financiera, los procesos y las reglas son esenciales para dar sustento a las decisiones de política macrofiscal y proporcionar los instrumentos necesarios para aplicar tales decisiones, promover la disciplina fiscal y garantizar la eficiencia del gasto público.

En la publicación conjunta sobre la GFP en América Latina La clave de la eficiencia y la transparencia, ponderaron que si los gobiernos quieren encarar con éxito el contexto mundial cada vez más complejo e incierto, deben asignar y usar recursos públicos de forma más eficiente, mejorando el modelo del presupuesto por resultados, y para ello la GFP es la clave.

En el prólogo, a cargo del vicepresidente de sectores y conocimiento del BID, Santiago Levy, y el director del departamento de Finanzas Públicas del FMI, Vitor Gaspar, se destaca que la política macrofiscal enfrenta significativos desafíos regionales.

Resaltaron que si bien hay una heterogeneidad considerable entre los países de América Latina, existen esfuerzos generalizados hacia el logro de la disciplina fiscal y niveles sostenibles de deuda pública, así como preocupación acerca de esos riesgos en el mediano y largo plazo.

La eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión financiera pública en América Latina son fundamentales para la supervisión de los recursos públicos, la estabilidad fiscal y el desarrollo económico sostenible.

Alertaron que las recientes lecciones que dejó la crisis fiscal europea demostó que los gobiernos subnacionales pueden ser significativamente propensos al riesgo fiscal.

En el documento se menciona que entre los gobiernos que han desarrollado sistemas de compras y contrataciones públicas electrónicas y han fortalecido sus agencias rectoras, se encuentra México, Chile, Brasil, Ecuador y Paraguay.

Mientras que Perú, Colombia y Brasil han comenzado a mejorar la coordinación de sus funciones de gestión de caja y deuda, para incrementar la eficiencia operativa y garantizar una orientación coherente de las políticas públicas.

Casi todos los países de la región establecieron una Cuenta Única de Tesorería (CUT) para integrar y administrar eficientemente sus respectivos recursos financieros públicos.

Están implementando reformas de segunda generación, como la adopción de normas internacionales de contabilidad del sector público para elevar la credibilidad de la información financiera, mediante la coordinación de funciones encaminadas a evaluar el costo-beneficio.

Los especialistas observaron que en algunos casos, las reformas carecen de aceptación como resultado de circunstancias institucionales y de economía política desfavorable. Además, en la región faltan indicadores cuantitativos para monitorear la eficiencia de la gestión de caja.

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