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Profeco: sobre aviso no hay engaño
Como le adelantamos, la Procuraduría Federal del Consumidor va en serio con las verificaciones a gasolineras, luego de que la semana pasada su titular, Ernesto Nemer, anunció que se duplicarían las revisiones en todo el país. Ayer comenzaron las visitas del procurador a gasolineras, acciones que se derivan de las denuncias de ciudadanos cansados de ser robados con litros incompletos. Como resultado de esa inconformidad, la Profeco anticipó que en este año se llegará a cerca de 6 mil gasolineras verificadas, en un tema que nos aseguran resulta incómodo para los dueños de franquicias que abusan en el despacho de combustibles. De acuerdo con la dependencia, se ha detectado que el mayor número de violaciones se da en la Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Guanajuato y en el Estado de México, a través de la manipulación electrónica de los dispositivos para surtir combustibles. Las sanciones van desde 250 mil pesos hasta un millón 390 mil pesos, y si hay reincidencia se puede llegar hasta la clausura de la estación de servicio.
Nuevo capítulo en pleito por atún
Nos dicen que a pesar de que dependencias públicas mexicanas ya manejaban la cifra del daño anual que causa el bloqueo estadounidense al atún mexicano, hasta ayer la Organización Mundial del Comercio, dirigida por el brasileño Roberto Azevêdo, hizo público el estatus de esa disputa. El organismo internacional corroboró que México pidió autorización para imponer aranceles a productos estadounidenses por 472.3 millones de dólares anuales, ante la negativa de Estados Unidos de eliminar las medidas discriminatorias para ese tipo de pescado. En respuesta, este lunes el gobierno del vecino país pidió la conformación de un grupo de expertos para que analice si los cambios hechos del otro lado de la frontera se apegan a la resolución de la OMC. De no tener un fallo a favor, continuará el procedimiento para que México imponga las represalias comerciales y eleve los aranceles a diversos productos.
Optan por no hacer comentarios
Nos comentan que Rodrigo Herrera y Máximo Judá, presidente y director general de Genomma Lab, respectivamente, se mantienen alertas ante la posibilidad de que se vincule a la compañía con el caso de los distribuidores de medicamentos Nadro y Marzam generado a raíz de la investigación Panama Papers. Genomma, que ha mostrado pérdidas en los últimos dos años en su valor de capitalización, declinó comentar si estaba enterada respecto a una supuesta participación de la familia Escandón, controladora de Nadro, en la compra de Marzam. Nos dicen que será importante ver la reacción de los inversionistas frente al caso, pues si bien no ha generado una investigación formal de la Comisión Federal de Competencia Económica, de Alejandra Palacios, ha llamado la atención del Servicio de Administración Tributaria, encabezado por Aristóteles Núñez.
Gestiones ante el regulador
Hace unos días, el despacho Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, cofundado por Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa, tuvo un acercamiento con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, presidido por Gabriel Contreras. La firma de abogados que asesora a empresas de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión fue incluida en la agenda pública del regulador correspondiente al 31 de marzo. El instituto menciona que Francisco Fuentes Ostos, socio del despacho, se entrevistó con los comisionados Mario Fromow y Ernesto Estrada, con el objetivo de hacer una solicitud a nombre de uno de sus clientes, la empresa Gogo. Esta compañía ofrece servicios de internet durante vuelos comerciales y lo que solicita al regulador es que se liciten las bandas de frecuencias 849-851 MHz y 894-896 MHz. Esas frecuencias están atribuidas para uso móvil y aeronáutico, pero en México se encuentran en proceso de planificación.
