Viene una reforma al sistema judicial local

Ángel Durán

Con agrado, Senadores de la república, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentaron el jueves 13 de septiembre de 2018 ante el Senado (véase gaceta LXIV/1PPO-7/83379) proyecto de decreto donde pretenden reformar la fracción III del artículo 116 de nuestra carta magna; esta reforma, de concretarse, -aunque es lo más probable que así sea- modificaría a la Constitución y rompería con la cristalización judicial, pues ¿cómo explicar, que nuestro país, siendo un estado tildado de grandes injusticias, no haya en los últimos tiempos una reforma judicial, con el firme propósito de independizar y eficientar a la justicia?

A pocos días de que este partido haya entrado en el poder, y presentar una reforma de gran calado en materia de justicia; nos alienta; los senadores están proponiendo que el sistema de justicia en México sea eficiente, que beneficie a todos por igual y para que eso ocurra, dice el proyecto de decreto que: para pacificar al país, es necesario “instituciones de justicia sólidas y transparentes, así como juzgadores con capacidad para dictar resoluciones con prontitud y ajustadas únicamente al mandato de la Constitución y de las leyes”

La crisis en materia de justicia, no es exclusiva de México, según Latinobarómetro, que ha medido la confianza en América Latina 1995-2015, ha dicho que el Poder Judicial no es confiable; la estadística señala, que en el año 1995 solamente el 37% de la sociedad tenía confianza en los jueces, de ahí en adelante hubo altibajos, hasta llegar a 2015 con tan solo un nivel de confiabilidad en un 30%, como podremos ver, los jueces cada vez han dejado de ser confiables.

Según Indicadores y Datos de Opinión Pública en Materia de Justicia del marzo de 2015 en nuestro país, señala que; el sistema de jueces está en una crisis profunda, La sociedad solamente confía en ellos en un 43.1%. Con estos datos duros, nos explicamos, por qué estamos como estamos, por ello lo interesante de dicha reforma. Honor a quien honor merece, estos cambios legislativos nos hacían falta y que bueno que lleguen.

El proyecto señala, que, necesitamos una refundación de la impartición de justicia con jueces locales garantes de los derechos, que haya un solo sistema nacional de justicia, donde la remuneración entre jueces federales y locales sea similar, garantizar en la realidad, la autonomía e independencia de los tribunales, que al poder judicial se le asigne directamente el 2.0% de los ingresos ordinarios del Estado, los jueces y magistrados deben estar protegidos para que no sean presionados ya lo ha dicho el Informe de la relatora especial de ONU, sobre independencia de los magistrados y abogados en 2011.

La iniciativa que pasó a las comisiones para su estudio señala, que; los servidores públicos se regirán por los principios de honorabilidad, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, también dice que los nombramientos de jueces y magistrados sean por concurso de oposición, y que, quienes participen, tienen que ser; probos, eficientes, que se hayan distinguido por su honorabilidad, que sean capaces y que tengan buenos antecedentes profesionales en materia jurídica, ser íntegros e idóneos para desempeñar la judicatura, serán electos por un Consejo de la Judicatura, el presidente será designado por cuatro años e irrelegible, en pocas palabras, le quitan el control de sometimiento que mantenía los ejecutivos de los estados, sobre los sistemas de justicia local.

El contenido de la reforma que presentan los senadores ya ha sido avalado por jurisprudencia de la SCJN, por la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y tribunales internacionales del sistema universal ONU. Esperemos que esta reforma se concrete lo antes posible, pero también es necesario que la comunidad jurídica ayude a consolidarla.

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