En busca de la verdad

En cumplimento con el Decreto Presidencial publicado el 4 de diciembre de 2018, se instaló la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

Esta Comisión tiene como objetivo crear las condiciones materiales, jurídicas y humanas, para que los familiares de las víctimas y la sociedad conozcan la verdad de los hechos, así como el paradero de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, para hacer justicia.

La Comisión representa un mecanismo novedoso y extraordinario. No se trata de una Comisión de la Verdad en su sentido tradicional de naturaleza histórica y para un periodo determinado, por lo que se espera que su desempeño y los resultados que obtenga brinden un nuevo modelo de intervención gubernamental que, en coordinación con las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, permita avanzar en las investigaciones y el esclarecimiento de la desaparición de más de 37 mil personas en el país y demás violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante las últimas décadas.

La Comisión estará integrada por representantes de los padres y madres de los normalistas desaparecidos, funcionarios del gobierno federal, un representante de las organizaciones que han acompañado desde un inicio a los padres de familia, quienes contarán con el apoyo de los especialistas necesarios para cumplir con sus tareas.

Dentro de sus tareas inmediatas se encuentran: establecer la interlocución con las entidades y dependencias públicas que puedan colaborar proporcionando información para el pleno esclarecimiento del caso; implementar una política de incentivos para quienes detenten información, incluyendo a personas actualmente privadas de la libertad; impulsar la asistencia técnica y de cooperación con organismos multilaterales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México; crear un programa de asistencia victimal, que garantice condiciones de salud, acompañamiento psicosocial, becas educativas para que los familiares de las víctimas ejecutadas, heridas y desaparecidas puedan reconstruir su proyecto de vida.

La Comisión acudirá a todas las fuentes relevantes para allegarse de información a través de los archivos de las diversas dependencias públicas, federales y locales, así como a los expedientes penales, retomando los informes presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, los trabajos del equipo forense argentino, los informes del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, el informe de la Oficina de Naciones Unidas en México, la recomendación de la CNDH, la investigación de la Fiscalía General de la República, las sentencias emitidas por el Poder Judicial y los organismos internacionales, así como las líneas de investigación que la propia Comisión defina.

Para ello, la Comisión contará con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, impulsando la coordinación necesaria para que la administración pública federal contribuya con las investigaciones, en particular con la nueva Fiscalía General de la República, que dará curso a la indagatoria penal.

En resumen, el objetivo es conocer la verdad sobre los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala, deslindar responsabilidades, castigar a los responsables, a fin de que estos hechos no queden en la impunidad, garantizando a las víctimas la garantía en el ejercicio de sus derechos: conocer la verdad y hacer justicia, para que esto nunca más vuelvan a suceder.

Partimos de una sola premisa: la verdad es que no hay verdad, respecto a la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y de los homicidios y agresiones cometidas el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala. Esa es nuestra encomienda y la vamos a cumplir.

Subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración