19 | NOV | 2019
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Las tecnológicas debaten sobre los posibles impuestos en México. Imagen Pixabay

Apresurada, iniciativa de impuestos digitales: ALAI

14/10/2019
15:14
Moisés Salcedo
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El poco tiempo de adaptación y la desconexión a los servidores como sanción, son puntos de discusión sobre esta propuesta

Empresas basadas en servicios digitales como Google, Airbnb y Mercado Libre han declarado que, si bien están dispuestas a trabajar de la mano del gobierno para crear un sistema eficiente de recaudación de impuestos digitales, la propuesta presentada es realmente apresurada y podría generar problemas mayores a las pequeñas y medianas empresas que ocupan estas plataformas. Además de expresar que la sanción al incumplimiento de la norma, de desconexión del servidor, resulta inconstitucional y desproporcionada.

Cabe recordar que lo que esta iniciativa propone es agregar el monto del Impuesto sobre el Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta, a las compras que se lleven a cabo a través de plataformas digitales como aplicaciones y sitios web, y de esa forma asegurar que estas empresas contribuyan con este ingreso en el país.

En general, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), ha presentado cinco puntos a tomar en cuenta dentro de esta nueva propuesta de regulación fiscal:
 
Contar con un sistema simplificado de adaptación y recaudación, con un requisito mínimo de la información solicitada a los usuarios.

Ampliar los tiempos de implementación pues, de aprobarse como está ahora, sólo daría 30 días a las empresas para adaptarse a este nuevo modo de recaudación.

Reconsiderar las retenciones.

Discutir las diferencias entre la propuesta y las recomendaciones de organismos internacionales.

Crear sanciones que no afecten los derechos de acceso a internet y libertad de expresión, como lo es la desconexión de los servidores.

Lee qué opina nuestro columnista Octavio Islas sobre este tema: Impuestos para el internet

“El tema de la sanción con desconexión nos preocupa, en especial por que la consideramos desproporcionada. Esta medida va en contra de los derechos de libertad de expresión y conexión y de mecanismos internacionales con posturas en contra de la desconexión. No están considerados los efectos secundarios pues si cierras el servidor de una app, afectas a los demás usuarios de esta IP, además se afectará a las empresas que funcionan gracias a los servicios que dicha empresa ofrece” declaró Grecia Macías, representante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D.

Otro de los aspectos solicitados es que se reconsidere la aplicación de las retenciones hacia los usuarios de dichas plataformas, pues además del IVA aplicado al valor final de la compra que se verá reflejado en un incremento al precio a pagar en la tienda; quienes ofrecen productos o servicios a través de tiendas online, verán una retención dentro del valor bruto de lo que ofrezcan. Ciertamente tendrán saldo a favor al momento de hacer las declaraciones, pero deben invertir en mecanismos para acceder a esos saldos, que finalmente es parte del valor total de sus ganancias.

“Todas las personas que venden en marketplaces estarían afectadas y sus ganancias se verían reducidas. Esto podría provocar que las personas busquen bajarse de estas plataformas para obtener de nuevo sus ganancias y regresar a la informalidad, al uso de efectivo. Hacemos un esfuerzo para lograr la inclusión de las personas en el mercado digital y podríamos provocar que sus comercios no se expandan al tener que adaptarse a este sistema y que se vuelva más costoso para ellos”, añadió Alehira Orozco, Directora de Políticas Públicas de Mercado Libre.

En cuanto al plazo de 30 días de adaptación fiscal para estas empresas, en caso de aprobarse dicha propuesta, la ALAI solicita que éste se expanda a mínimo 12 meses, para poder generar soluciones funcionales y lograr así una recaudación con un sistema probado y operado por gente previamente capacitada.

Por ahora, cabe esperar la próxima decisión tomada sobre aprobarla o no en la Cámara de Diputados el próximo 20 de octubre, seguida de su aprobación en la Cámara de Senadores con fecha límite del 31 de octubre, la posterior aprobación del Paquete Económico y su discusión consecuente hasta el mes de marzo, donde finalmente se decida que entre en vigor o no, a partir del mes de abril de 2020.
 

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