El que un gobierno demande a un individuo o una empresa por difamación constituye un acto de censura en sí mismo e inhibe la participación del sector privado en cualquier contrato, señala Rivada, quien fue descalificada de la licitación de la Red Compartida

Estas acciones, señala la Secretaría, buscan defender el honor y la reputación de las instituciones de México, así como reparar los daños ocasionados por los señalamientos de la empresa en el proceso de la licitación de la Red Compartida