Aprobada por el Congreso de la Unión una reforma a la Ley Minera hace cinco años, en cuyo marco se planteó que parte de los ingresos se destinarían a un Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros para hacer partícipe a la población de la bonanza de las firmas extractivas, cinco años después no hay señales claras de la derrama