Esta reforma, rechazada por los partidos de derecha, considera la salud menstrual como un derecho y como parte del derecho a la salud
La ley de interrupción voluntaria del embarazo que fue aprobada en el Senado el 30 de diciembre, contempla la posibilidad de abortar de “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar" hasta la semana 14 en el sistema de salud en un plazo máximo de diez días desde que lo solicita
La modificación incluirá, además, el derecho a las "formas más novedosas" de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva, según informó el gobierno español