Colocada en el peor de los mundos, sin capital de trabajo y con una colosal deuda laboral en las espaldas, a la par de la pérdida vía judicial de varias embarcaciones con las que operaba, la empresa Oceanografía encontró una rendija de posible liquidez, vía el finiquito de los contratos que tenía con Petróleos Mexicanos
El truco era simple: darle el “pitazo ” desde el interior de Petróleos Mexicanos a personajes clave en el negocio ilícito sobre la presión de los ductos para evitar sobresaltos. A mayor carga de combustible, más riesgo de descontrol del boquete y viceversa. El monitoreo es permanente.
El último clavo en el ataúd del proyecto Texcoco para el nuevo aeropuerto internacional de México lo colocaron, paradójicamente, los inversionistas extranjeros que habían apostado a su financiamiento, al aceptar las condiciones de recompra o amortización de los papeles emitidos, aunque falta aún el sí de los adquiridos por nacionales vía Fibra E
Zancadilla en CCE
Aunque en el papel pareciera misión imposible frenar la posibilidad de que Carlos Salazar Lomelín, ex director general de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), sea ungido como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se está intentando colocarle una zancadilla a título de evitar lo que se califica de imposición de “la mafia del poder”
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado la opinión del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM frente al choque de preceptos constitucionales en la búsqueda de una salida jurídica al diferendo por remuneraciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, las señales apuntan a que el punto final podría venir del exterior
En afán de cerrar grietas que permitían el desvío de prebendas para estimular la exportación, el Congreso anterior aprobó una reforma a la Ley Aduanera, en cuyas telas resulta peor el remedio a la enfermedad de cara a la agilización de las mercancías en la aduana y la responsabilidad de los agentes aduanales
SAE en la mira
En la emergencia de la espesa polvareda levantada por la decisión del gobierno del presidente Felipe Calderón de liquidar a Luz y Fuerza del Centro, la instancia encargada, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), solicitó que sus contrataciones tuvieran el status de seguridad nacional, es decir la posibilidad de hacerlas sin la formalidad de las licitaciones



