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En cuatro expedientes los sentenciados eran miembros de asociaciones civiles que desviaron fondos federales del sector agrario y en uno más el sentenciado fue un médico que utilizó una cédula falsa para prestar servicios como especialista.
La ASF informó, en respuesta a una solicitud de información, el estatus que tenían hasta finales del año pasado las mil tres denuncias de hechos que ha presentado ante la FGR desde 1998 y detalló el número de causa penal en los únicos cinco casos donde logró las sentencias irrevocables, es decir, las que agotaron todas las instancias legales.
Posteriormente, EL UNIVERSAL obtuvo vía ley de transparencia los expedientes judiciales y, tras revisar las sentencias, se encontró que en todos los casos se les dio la opción a los implicados de sustituir la cárcel por jornadas de trabajo en favor de la comunidad, siempre y cuando repararan el daño, que en los cinco casos ascendió a 6.4 millones de pesos.
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Además de las denuncias penales, la ASF emprende otra serie de acciones como fincamiento de responsabilidades resarcitorias, recomendaciones al desempeño, solicitud de aclaraciones y promociones, por medio de las cuales se busca reintegrar a las arcas públicas el dinero desviado.
Desde 2000 a finales de 2018, la ASF había logrado reintegrar a la Federación 146 mil 398.5 millones de pesos que habían sido desviados o ejercidos de manera irregular, pero aún tenía pendientes 487 mil 875.8 millones de pesos por aclarar o recuperar. Aunque se solicitó el monto de recursos desviados asociados a las mil tres denuncias penales, éste no fue entregado por la ASF.
Entre los casos que la ASF ha llevado ante la fiscalía y que continúan en proceso está el millonario desvío de la Estafa maestra, el desfalco de recursos en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz y los pagos improcedentes que realizó la SEP en el proyecto conocido como Estela de luz, entre otros.
A pesar de que los casos entregados a la fiscalía contienen un sinfín de pruebas recabadas por la ASF, como dictámenes periciales, contables, informes de las visitas domiciliarias y testimonios, la FGR sólo ha logrado llevar 40 expedientes (24 averiguaciones y 16 carpetas de investigación) ante el Poder Judicial y en 178 indagatorias declaró el no ejercicio de la acción penal.
El caso que más demoró en resolverse en tribunales tardó siete años, ya que la denuncia fue presentada por la Auditoría en 2012 y la sentencia se dio hasta 2019.
No se desmantelan redes de corrupción
En las auditorías que dieron pie a la presentación de las cuatro denuncias penales por los desvíos de recursos destinados al sector agrario, la ASF hizo señalamientos a los funcionarios que autorizaron los apoyos y validaron la documentación presentada sin que se encontrara completa ni cumpliera con los requisitos fiscales.
“Los servidores públicos de Sagarpa responsables de la operación del programa no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran validar la veracidad de la información y documentación comprobatoria [que entregaban las organizaciones sociales para justificar los recursos públicos]”, se lee en una de las auditorías.
Pese a los recurrentes señalamientos hacia los servidores públicos en las denuncias, en ninguno de los cuatro casos que llegaron a tribunales se investigó a algún funcionario de Sagarpa o de la Reforma Agraria. En el quinto caso, que corresponde al sector Salud, sólo se presentó una denuncia de hechos en contra de un doctor.
Para Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, esto ocurre porque en la mayoría de los casos denunciados por la ASF las autoridades se van en contra del involucrado más visible, pero dejan intacta la red de corrupción que permitió esos desvíos.
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“No se ve el problema desde sus raíces y esa falta de estrategia y de visión sistémica de combate a la corrupción es lo que genera incentivos perversos para que sigan ocurriendo estos casos”, afirmó.
Caso 1
En febrero de 2011, la ASF presentó siete denuncias ante la entonces PGR tras diversas irregularidades encontradas en el programa Fortalecimiento a la Organización Rural (Organízate) de Sagarpa, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2009.
Una de las denuncias fue porque la ASF encontró que UNP-Pecuarios, que había recibido 1.4 millones de pesos para realizar siete foros, encargó parte de éstos a otra asociación denominada Servicios Tecnológicos para el Desarrollo Rural (Seteder). Para comprobar la realización de los eventos, Seteder proporcionó a la ASF imágenes tomadas un año antes del evento y que fueron alteradas para aparentar la existencia de las lonas con la fecha programada para cada evento.
La Coalición de Ganaderos Unidos (Cogaun), otra de las beneficiadas por Sagarpa, también celebró un convenio con Seteder por 1.7 millones de pesos para realizar unos foros que tampoco se llevaron a cabo. Además, el presidente de Cogaun fue el mismo que llevó a cabo los trámites para constituir legalmente Seteder, por lo que se presumía la existencia de un autobeneficio.
En la causa penal 85/2014-I del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, se lee que personal de la ASF acudió a los domicilios donde supuestamente se realizaron los foros, pero en uno de ellos había un bar, en otros casos las calles no existían y tampoco había rastro de los auditorios donde se realizaron.
Al emitir la sentencia, el juez explicó que se advertía que los recursos fueron desviados para fines distintos a los que las organizaciones se comprometieron mediante los convenios de concertación.
Finalmente, el juez absolvió a dos de los involucrados, pero condenó a dos años de prisión al tesorero de UNP-Pecuarios y al presidente de Cogaun por peculado.
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Caso 2
En la revisión de la Cuenta Pública de 2010, la ASF volvió a practicar una auditoría al Programa Organízate de Sagarpa y encontró que los beneficiados orquestaron nuevamente una “maquinación deliberada” para desviar recursos que les habían otorgado.
Se encontró que para comprobar la aplicación de los fondos federales realizaron actos jurídicos simulados, pagaron proveedores inexistentes y presentaron documentación irregular como facturas apócrifas. Tras los hallazgos, la Dirección Jurídica de la ASF presentó 30 denuncias, pero hasta finales del año pasado sólo dos de ellas (120/2015 y 10/2015-IX) habían culminado en una sentencia mixta.
En la denuncia que prosperó se lee que la asociación civil Juntos por Jalisco presentó una factura en la que alteró la fecha, el concepto y el importe para comprobar los recursos que Sagarpa les había otorgado para realizar un congreso. Además, esa misma factura también la presentó ante la Reforma Agraria para comprobar dinero recibido de otro programa.
Tras la denuncia presentada por la ASF el 3 de mayo de 2012, se inició una averiguación previa en contra del presidente, secretario, tesorera, comisionado de vigilancia y expresidenta de la asociación.
Seis años después, en mayo de 2018, el juez resolvió que los cuatro primeros sí habían cometido peculado y les impuso una pena de dos años de prisión, mientras que la expresidenta fue absuelta de fraude, según se lee en la causa penal. Tras la resolución, la ASF se inconformó y en una segunda instancia logró que un tribunal le impusiera una pena de tres años de cárcel a la exdirectora de la organización.
Caso 3
El 14 de marzo de 2012 la ASF presentó 11 denuncias tras las irregularidades detectadas en 2010 al programa de Fomento al Desarrollo Agrario que apoya a organizaciones con eventos de capacitación, estudios y proyectos productivos en las regiones más marginadas.
La ASF encontró que los proveedores contratados por las organizaciones beneficiadas por la Secretaría de la Reforma Agraria no expidieron las facturas que amparaban la comprobación de los recursos y detectaron documentación falsificada.
En marzo de 2012 la fiscalía inició una averiguación previa consignada en noviembre bajo la causa penal 98/2012, y en diciembre se libró orden de aprehensión contra el presidente de una de las asociaciones. En la denuncia hecha por la ASF se lee que el cheque por un millón de pesos que recibió la organización para realizar un evento de fomento organizacional fue depositado en una cuenta que “alguien” abrió ese mismo día e inmediatamente se realizaron dos retiros. Además, entre la documentación entregada para comprobar el uso de recursos había una factura con el nombre de una empresa en cuyo domicilio fiscal en Veracruz no había nadie y se trataba de una casa que estaba abandonada. También se concluyó que la cuenta bancaria de la organización había sido manejada de manera irregular por personal de la sucursal bancaria, ya que no se pudo localizar el expediente de la misma ni el detalle de los retiros de dinero. El 7 de octubre de 2013 el juez sentenció al inculpado a tres años y seis meses de prisión por peculado.
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Caso 4
En una revisión que hizo la ASF a los fondos federales transferidos en 2011 para la operación del Seguro Popular en Sinaloa, se concluyó que los servicios de Salud de esa entidad no contaban con los controles suficientes para identificar los riesgos en la aplicación de los recursos.
Uno de los hallazgos fue que se pagaron los sueldos de dos trabajadores como médicos especialistas cuando sólo habían acreditado ser médicos generales. Además, uno de ellos presentó cédula de especialidad a nombre de otra persona.
En 2013, la ASF presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de uno de los médicos que fue consignada ante el Juzgado 5 de Distrito en Sinaloa. En la causa penal 14/2016 se lee que la ASF revisó 98 expedientes laborales, donde encontró que un médico del Hospital Integral Sinaloa de Leyva no tenía documentos que demostraran su especialidad en ginecología y obstetricia.
Para ocupar ese puesto usó una cédula profesional de otra persona que luego se descubrió que era falsa, por lo que desempeñó funciones en una plaza en la que no acreditaba el perfil. El 31 de julio de 2018 el juez le impuso una pena de tres años por el delito de fraude y de un año por usurpación de profesión, pero el médico se inconformó y logró librarse del segundo delito.
