El municipio de Fresnillo, tierra del clan político de los Monreal, es actualmente el ojo del huracán del narcotráfico en Zacatecas y el lugar donde se gestó y planeó la masacre de 10 políticos y empresarios zacatecanos asesinados, cuyos cuerpos fueron colgados de puentes vehiculares y esparcidos en el estado. La extorsión y la colusión de autoridades con el crimen organizado son las dos líneas que investiga la Fiscalía de Zacatecas en torno a esa masacre que conmocionó a nivel nacional.
El multihomicidio que le dio la vuelta al mundo través de medios y redes sociales ocurrió justo una semana después de que la presidenta Sheinbaum estuviera de gira en Zacatecas y, según fuentes cercanas a la investigación, el brutal ataque contra los empresarios y políticos tuvo que ver con denuncias que algunos de ellos le hicieron personalmente a la mandataria sobre la extorsión y derecho de piso al que estaban siendo sometidos por el Cártel de Sinaloa. Eso ha hecho que la investigación del crimen y el reforzamiento de la seguridad sean una prioridad para el gabinete de seguridad federal que envió de inmediato a 100 soldados de células de élite del Ejército mexicano, que ya están en territorio zacatecano junto con 300 militares más.
Y todos los caminos de esta masacre llevan a Fresnillo, porque desde la época en que la experredista Amalia García gobernó Zacatecas (2004-2010) justo cuando ocurrió la ruptura de los hermanos Beltrán Leyva con el Chapo Guzmán, los Beltrán hicieron una alianza con Miguel Treviño Morales, alias el Z40, y como resultado de ese acercamiento, ese municipio se convirtió en la frontera que dividía el territorio zacatecano en dos partes, la que controlaba el Cártel de Sinaloa, comandado entonces por Joaquín Guzmán Loera y por Ismael “El Mayo” Zambada, y la otra parte controlada por la alianza Beltrán-Zetas.
El eje formado por Fresnillo-Saltillo-Monterrey y Nuevo Laredo se convirtió en aquellos años en la ruta para el tráfico de drogas y de personas hacia el noreste hasta la frontera tamaulipeca, mientras que otra ruta hacia el norte del país partía de Fresnillo hacia La Laguna para mover la droga. Los Treviño pusieron como jefe de plaza de Zacatecas a Iván Velázquez Treviño, alias “El Talibán” o Z50, y era él quien en aquellos años ponía y quitaba jefes de la policía municipal, encargándose de la seguridad del municipio zacatecano.
Una de las líneas de investigación de la masacre de los 10 que actualmente sigue la Fiscalía de Justicia de Zacatecas apunta directamente al gobierno municipal de Fresnillo, concretamente a la oficina de Desarrollo Social, cuyo titular, Fidel Alvarado de la Torre está entre las víctimas. Fue justamente él quien citó a una reunión a cinco de los ejecutados; los invitó a encontrarse en una discoteca del municipio donde estuvieron varias horas para después trasladarse juntos a otro antro donde ya los esperaban los sicarios del cártel sinaloense.
Por esa razón el actual alcalde de Fresnillo, Javier Torres, de la alianza PRI-PAN-PRD fue citado a declarar el pasado sábado y su interrogado se extendió por casi tres horas. Fuentes de la Fiscalía zacatecana aseguran que el alcalde Torres trae “antecedentes delicados”. En el 2021 le robaron su camioneta, una Grand Cherokee, y al día siguiente en ese vehículo aparecieron dos cuerpos asesinados. Hace tres años al alcalde le ejecutaron un hermano y actualmente tiene en la cárcel, por delitos, a otro hermano.
A Javier Torres lo cuestionaron en su comparecencia sobre sus vínculos comerciales, con el acalde panista de Sombrerete, Ignacio Castrejón, que fue uno de los 10 ejecutados. Y es que la ruta Fresnillo-Sombrerete-Durango es codiciada por el crimen organizado porque es la vía para el manejo de la ganadería y de la minería en la región y es justo zona de influencia del Cártel de los Cabrera, ahora sumados también a los Mayitos Flacos, que controlan el estado de Durango, y con los cuales Estados Unidos vincula al gobernador priista, Esteban Villegas.
Uno de los principales proyectos de gobierno del actual alcalde de Fresnillo era restaurar la Policía de Tránsito municipal, que fue desaparecida por el gobernador David Monreal cuando tomó posesión en 2021, precisamente porque era un cuerpo policiaco controlado por el narco, desde la época en que El Talibán la utilizaba como cuerpo de halcones y vigilancia para el crimen organizado. Javier Torres ha intentado restablecerla, pero no se le ha permitido porque desde el gobierno estatal afirman que se trataba de “halcones con uniforme”.
Las investigaciones de la Fiscalía también apuntan hacia la Feria Regional de Fresnillo, el principal evento del municipio, que es controlada por los grupos del narcotráfico. Apenas el 7 de julio pasado, 11 días antes de la masacre zacatecana, asesinaron en Guadalajara a Benjamín Medrano Quezada, director del Patronato de la Feria, y quien era también exalcalde fresnillense y exdiputado local del PRI. Medrano había huido a la capital jalisciense donde se escondía, pero el pasado 7 de julio sicarios armados lo ultimaron a balazos en una paletería de la colonia Santa Elena de la Cruz.
Hoy Fresnillo y Zacatecas están en el ojo del huracán. El reforzamiento de la seguridad en el estado, con los 100 soldados de élite que llegaron tras la masacre, habla del impacto que tuvo el hecho, justo en momentos en que Estados Unidos presiona a la presidenta Sheinbaum para escalar la guerra contra los cárteles y el que aparecieran cuerpos de políticos y empresarios colgados en puentes, como si se tratara de aparadores, parece abonar al discurso de Donald Trump sobre el dominio y control de los cárteles en territorio mexicano.
La masacre tiene que ver también con los reacomodos con miras a la próxima elección estatal, pero sobre todo, nos dicen las fuentes zacatecanas, con la reciente visita de la presidenta, una semana antes de los hechos, cuando la doctora estuvo justo en esa zona donde recibió quejas de extorsión de ganaderos y de empresarios mineros, a lo que se atribuye la violenta reacción del Cártel de Sinaloa. Los asesinatos y la burda exposición y exhibición de los cuerpos, nos dicen, “fue para acusar a los políticos y empresarios que colgaron como los verdaderos extorsionadores” y tratar de deslindar así al Cártel de Sinaloa.
NOTAS INDISCRETAS… El caso de la adolescente Dafne Zapata, de 13 años, quien murió en un campamento de verano de una escuela militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que las autoridades de todos los niveles regulen y supervisen a las llamadas “escuelas o academias militarizadas” que proliferan por toda la República y que ya han sido acusadas y señaladas de abusos, maltratos y hasta asesinatos de niños y adolescentes. La madre de Dafne, Alejandra Quintos, denunció la semana pasada que su hija le fue entregada muerta y con evidencias de lesiones y tortura por los directivos de la escuela militarizada “Marina Doenitz”, luego de que la adolescente fuera inscrita e internada en dicho establecimiento para tomar un curso de verano. Las denuncias de la indignada y dolida madre y las movilizaciones de sus amigos y familiares presionaron para que la Fiscalía de Tamaulipas iniciara las investigaciones que hasta ayer ya habían dado como resultado la detención de tres implicados: el director de la escuela militarizada “Marina Doenitz”, Jorge Luis N, un arquitecto que en sus primeras declaraciones había dicho que no había problema porque le regresaría el dinero que pagó a la madre de Dafne y quien fue detenido el sábado pasado, mientras que ayer detuvieron a Estrella Mora, conocida como la “Sargento Estrellita”, y el miércoles pasado habían detenido a Danna Yanina “N”, joven de 18 años formada en esa misma escuela y quien colaboraba con el campamento. Este caso que despertó indignación a nivel nacional, recuerda el del niño Erick Leonardo Terán Torbellín, de 13 años, quien también murió el 25 de abril de 2025 durante una actividad organizada por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc en un predio ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Morelos. En su momento los instructores de ese campamento llamaron a la madre para avisarle que el menor tenía una alteración en sus signos vitales por un supuesto "golpe de calor", pero al llegar al hospital ya había fallecido, pero la necropsia reveló que la causa real del deceso fue un estallamiento de vísceras y hemorragia interna provocada por una brutal golpiza. La madre también denunció en su momento. ¿Cuántos niños y adolescentes más deben morir para que las autoridades y los Congresos federal y locales actúen con legislación y vigilancia para las famosas escuelas “militarizadas”?. La madre de Dafne anunció que, una vez que lograra meter a la cárcel a los asesinos de su hija, propondría una iniciativa al Congreso de Tamaulipas para regular y vigilar el funcionamiento de las academias militarizadas. Ojalá las muertes de Dafne y de Erick, y de muchos otros niños y adolescentes que han sido abusados, maltratados y asesinados en ese tipo de instalaciones, no sea en vano… Los dados mandaron Escalera Doble. Buena semana para los amables lectores.
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