Ricardo Homs | 22-08-26 | 02:07 |

Recuerdo haber conversado brevemente con dos de los hijos de don Antonio, -considerado el último chamán lacandón-, mientras nos llevaban por la laguna de Metzabok al encuentro de este legendario personaje. Yo acompañaba a Jonathan Tourtellot, -uno de los editores del National Geographic-, como parte del proyecto de creación de la Marca Chiapas, que me tocó liderar en 2009.

Estos jóvenes lacandones vestían un “kut”, la tradicional túnica blanca de algodón que llega hasta los tobillos, y encima de ella vestían el chaleco color caqui que tradicionalmente utilizan los fotógrafos, lo cual rompía con la tradición del uso de la túnica lacandona que quedaba abajo.

Mientras hundían el remo en el agua les pregunté quién se perfilaba como heredero de los conocimientos ancestrales de don Antonio y de su legado espiritual. Descubrí en esa plática que para esos jóvenes su mayor aspiración era llegar a poseer una camioneta, -de esas que estaban de moda y tenían una gran campaña de televisión-, así como un estilo de vida moderno, más que tener el privilegio de convertirse en herederos del legado de su padre. Evidentemente su sueño era huir de la pobreza y de la precaria vida que llevaban.

Durante los últimos sexenios se sigue repitiendo una gran injusticia con los descendientes de nuestros pueblos originarios, a quienes se les ha endilgado la responsabilidad de convertirse en guardianes de sus raíces y tradiciones ancestrales, lo cual les significa vivir esclavizados a su tierra y a una vida de privaciones, negándoles la oportunidad de salir a buscar oportunidades laborales o de negocio que les permitan remontar la pobreza. ¿Cuándo se les ha preguntado si aceptan esa responsabilidad por voluntad propia?

Para los funcionarios públicos acostumbrados a una vida cómoda y a los lujos del poder les parece obvio que están obligados a preservar su legado y todo el sistema educativo se centra en ese objetivo, lo cual les condena a no ser competitivos si quisieran salir de su comunidad.

Los mitos relacionados con el indigenismo representan hoy una violación a sus derechos humanos individuales, pues les limitan su desarrollo.

Preservar el legado indígena y su cultura no es responsabilidad de las comunidades indígenas, sino de todos los mexicanos y principalmente del gobierno.

Sin embargo, son discriminados cotidianamente y esquilmados por quienes no conservan la pureza racial y tienen mejor posición económica y educativa.

La artesanía no es valorada comercialmente y representa la opción barata de la decoración, no el reconocimiento al legado artístico y cultural.

Nos acordamos de ellos con orgullo cuando pensamos en sus ancestros de hace 500 años, pero menospreciamos a éstos, sus descendientes.

Ahora que se analiza la “Ley general de derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos” es momento de dejar la parafernalia demagógica que los mantiene marginados y pensar en rescatarlos de la pobreza, de los riesgos a su salud y del acoso del crimen organizado, lo cual ha sido denunciado en Chiapas por el EZLN.

Es urgente integrarlos a la modernidad y a las oportunidades de desarrollo, lo que les permitirá mejorar su calidad de vida.

Incluso en el ámbito social y político, al dejar a la población indígena al margen de nuestro estado de derecho, -rigiéndose por el sistema de “usos y costumbres”-, se les niega la protección de las leyes contenidas en nuestra Constitución y se les condena a quedar en manos de caciques que de modo autoritario les gobiernan con la complacencia de las autoridades estatales y federales.

El sistema de “usos y costumbres” es ambiguo y flexible, listo para ser interpretado con el criterio personal de quien gobierna la comunidad.

No olvidemos que “usos y costumbres” es un sistema machista que niega a las mujeres sus derechos humanos fundamentales, como sucedía hasta muchas décadas atrás en México, antes de que se iniciara el movimiento reivindicatorio que ha luchado con éxito por generar igualdad de género.

La verdadera justicia social para nuestros pueblos originarios se logrará cuando los integremos totalmente, -y sin etiquetas-, al mundo cotidiano del resto del país y a través de la educación oficializada en todo México se les den las herramientas competitivas para que de modo individual cada quien se genere oportunidades de desarrollo.

A su vez la preservación del legado indígena es responsabilidad del Estado Mexicano y de nadie más.

El trato diferenciado que desde hace muchas décadas se le da a las comunidades indígenas, -más que beneficiarlas-, las segrega y las deja en manos de la burocracia gubernamental que ha hecho del indigenismo un terreno fértil para sus objetivos políticos.

LA JUSTICIA POLITIZADA

El regreso del gobernador Rocha Moya al cargo de titular del Poder Ejecutivo del gobierno de Sinaloa representa una burla al estado de derecho.

Del mismo modo en que el presidente López Obrador exoneraba en la mañanera a los morenistas que eran señalados de algún delito y a partir de ahí el Poder Judicial reiteraba su inocencia, la presidenta Sheinbaum definió que no había ninguna prueba que incriminara al Gobernador Rocha Moya de los posibles delitos que el gobierno de Estados Unidos refiere en su solicitud diplomática.

¿Y las denuncias por secuestro que interpusieron muchos de los 900 militantes del PRI que trabajaban en la campaña de Mario Zamora, -candidato de ese partido a la gubernatura de Sinaloa-, durante el día de la elección el 6 de junio del 2021?

Denuncian que fueron privados de la libertad por miembros del crimen organizado que apoyaron a Rocha Moya para ganar la elección.

¿Y el asesinato de Héctor Melesio Cuén durante el secuestro del Mayo Zambada?

No olvidemos que la Fiscalía de Sinaloa, -bajo el control de Rocha Moya-, fabricó una recreación del asesinato de Cuén en una gasolinera de Culiacán para hacerlo parecer un asalto, pero fue el mismo Mayo Zambada quien desde Estados Unidos declaró que el homicidio se llevó a cabo en el mismo lugar en que él fue secuestrado.

Cuén, -el mayor enemigo de Rocha Moya por el control de la universidad estatal-, poco tiempo antes de fallecer había denunciado a los hijos del gobernador por negocios ilícitos.

Esta es la justicia en tiempos del segundo piso de la “transformación”. Mientras tanto el panista Ernesto Ruffo sigue encarcelado simplemente por ser el propietario del 49% de las acciones de una empresa a la que se le acusa de huachicol fiscal.

Durante los casi ocho años del gobierno de la “transformación” ningún gobernador morenista ha sido encarcelado, -y ni siquiera procesado-, aunque algunos han sido denunciados hasta por delincuencia organizada.

En contraste, Peña Nieto encarceló a cinco gobernadores priístas acusados de peculado y corrupción: Javier Duarte, Veracruz; César Duarte, Chihuahua; Roberto Borge, Quintana Roo; Andrés Granier, Tabasco y Jesús Reyna, Michoacán.

Usted vea las diferencias.

¿A usted qué le parece?

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