México se alineó a la estrategia de ciberseguridad de los Estados Unidos para conservar la preferencia arancelaria en el T-MEC y mantener su revisión anual en los actuales términos y vigencia.
De acuerdo con el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, la secretaría de Economía aplica desde el pasado viernes 3 de julio nuevas y más estrictas reglas publicadas en el Diario Oficial para las exportaciones de los llamados bienes de uso dual, es decir, aquellos que tienen como materia prima a minerales críticos y las tierras raras que se usan tanto en las telecomunicaciones y diversas ramas industriales civiles, como en aplicaciones militares o de seguridad, incluida la eventual fabricación o proliferación de armas convencionales o de destrucción masiva.
Con tales reglas se prohíbe el ensamblaje en nuestro país de productos con propiedad intelectual o insumos chinos restringidos por Estados Unidos; se limita el establecimiento en territorio mexicano de centros de investigación y desarrollo (I+D) de corporativos chinos; y se impide que los componentes procesados en México sean suministrados al vecino del norte mediante contratos de empresas chinas.
La regulación de bienes de uso dual, software y tecnologías actúa como freno estratégico frente a la expansión comercial e industrial de China en México, contención ésta que no es aislada, sino que se inscribe en un ecosistema normativo alineado con los intereses de seguridad de Estados Unidos y que, por lo pronto, empezó a afectar a la industria de autos eléctricos en México.
Los minerales críticos y las tierras raras son indispensables en una amplia variedad de las nuevas tecnologías para elaborar los bienes de uso dual que son claves para la seguridad nacional y, al mismo tiempo, una oportunidad para el desarrollo tecnológico y económico de los países.
Por su composición química, estas materias primas han potenciado una revolución científica en la microelectrónica y la cibernética, así como en el ámbito militar, sobre todo en la producción de motores de aviones de combate, sistemas de misiles de orientación, satélites de defensa antimisiles y espaciales, y sistemas de comunicación.
Todo esto, además de su presencia en muy pocas zonas geográficas del planeta (incluidas algunas de México), han convertido a los minerales críticos y las tierras raras en un factor de coerción política en dos sentidos: el de controlar su producción y suministro, y el de amenazar con la interrupción de cadenas de suministro. Se trata, pues, de un bastión para la seguridad nacional de los países. Y el gobierno de Trump, por supuesto, quiere liderar la carrera mundial por los minerales críticos y las tierras raras.
En línea con esa estrategia, el presidente estadounidense firmó el pasado lunes 20 de julio un decreto para garantizar las cadenas de suministro de defensa de Estados Unidos y asegurar la adquisición
A esa política estadounidense de ciberseguridad es a la que se alineó México como parte de su estrategia para mantener los canales de revisión de T-MEC y conservar la preferencia arancelaria tras expirar la medianoche del pasado viernes 24 de julio el arancel global de 10 por ciento que Trump impuso hace un año y a pesar del nuevo arancel, también de 10 por ciento, por no haber logrado hacer cumplir de manera efectiva la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso.
El propio representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, lo reconoció así el pasado viernes 17 de julio en un comunicado: “… para avanzar en la revisión del T-MEC en materia de seguridad económica, un avance muy importante fue que el 3 de julio de 2026, México (publicara) una medida actualizada que regula la exportación de artículos de doble uso y que armoniza más estrechamente los controles de exportación mexicanos y estadounidenses”.
Esto desmiente dos narrativas: la de la confrontación abierta de Sheinbaum con Trump y la que culpa a una posición soberanista a rajatabla del gobierno mexicano que bloquea negociaciones y acuerdos en materia comercial.
Instantáneas:
1. MÁS INVOLUCRADOS. Según lo dicho por la presidenta Sheinbaum en su conferencia mañanera del pasado viernes 24 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a “muchas más empresas y empresarios” por su vinculación con la red de huachicol fiscal que involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y la contratista Ingemar, de la cual es el principal accionista. Esa declaración confirma lo publicado por EL UNIVERSAL ese mismo viernes de que hay once empresas en la red de huachicol fiscal de Ingemar. Pero la responsabilidad no solo recae en los particulares mexicanos y estadounidenses involucrados en la trama. Debe haber complicidad de funcionarios de Aduanas que facilitaron el contrabando y de funcionarios públicos del oficialismo mencionados en múltiples investigaciones periodísticas. Es más, la trama Ruffo-Ingemar debe cruzarse en algún momento con el caso de huachicol fiscal en que están implicados los hermanos Farías Laguna, altos mandos de la Armada de México y sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
2. PROCESOS LIMPIOS. Comparto aquí el pertinente comentario del lector de esta columna Víctor Alonso Padilla Valle: “Felicitaciones a la FGR por el proceso iniciado con el exgobernador Ruffo, esperando un proceso limpio, aunque ya inició sospechoso, con el cambio de juez de uno profesional a una de acordeón. Lo que nos debe la FGR son procesos limpios para (Rubén) Rocha Moya, (Rafael) Inzunza -quien robando a los ciudadanos sigue cobrando su sueldo, sin asistir a su trabajo, y se lo permiten como si nada-, (Adán) Augusto López y los otros siete implicados de Culiacán. Millones de mexicanos estamos esperando a que la justicia se imparta pronta y expedita, cualidades que no se ven con los de Morena”.
3. LAS PISTAS DE OAXACA. La presencia de bandas criminales ligadas al narcotráfico que prácticamente se han apoderaron de algunas regiones de Oaxaca desde la administración pasada, parecen tener una relación directa con el ataque que cobró la vida del periodista Francisco Leyva. Quienes investigan el homicidio consideran lo anterior por la forma en que se realizó el atentado al clásico estilo del narco: dos sicarios en una sola moto. El caso fue atraído por la FGR cuya titular, Ernestina Godoy debe dar resultados rápidos y contundentes sobre este suceso que ha golpeado al gremio periodístico nacional. La situación actual para el ejercicio del periodismo es de alto riesgo, por eso se necesita una postura contundente del gobierno federal para proteger la libertad de expresión, algo fundamental para la vida democrática de cualquier país.
4. ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. Dentro del procedimiento de licitación consolidada para el arrendamiento de vehículos que lleva a cabo Hacienda, se ha identificado una estrategia por parte de algunos participantes que al parecer está orientada a desacreditar y obstaculizar el desarrollo de proceso. El propósito: que la licitación sea declarada desierta y, posteriormente, favorecer la contratación mediante procedimientos individuales en las dependencias y entidades donde consideran tener mayores posibilidades de obtener adjudicaciones. Como parte de la estrategia de marras se ha desplegado una campaña mediática de desprestigio dirigida contra Hacienda con el fin de cuestionar la legalidad, transparencia e integridad del procedimiento. Paralelamente se han promovido señalamientos que generan incertidumbre sobre el desarrollo del proceso, que pretenden afectar su continuidad y generar condiciones favorables para los intereses de determinados participantes. Dicen lo que saben que se tiene plenamente identificados a quienes presuntamente impulsan estas acciones y a la estrategia de comunicación asociada.
5. SEGURIDAD Y PERCEPCIONES. La percepción de inseguridad entre la población registró una ligera mejoría durante el segundo trimestre de 2026, aunque seis de cada 10 habitantes de las principales ciudades del país aún consideran que vivir en su localidad es inseguro, de acuerdo con la encuesta del INEGI dada a conocer este fin de semana. El estudio indica que 59.8 por ciento de los encuestados percibieron como insegura la ciudad donde viven, porcentaje inferior al 61.5 por ciento registrado en marzo pasado y al 63.2 por ciento de junio de 2025. Los municipios donde más creció la percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García al pasar de 4.4 a 10.6 por ciento; Los Mochis, de 21.1 a 31.2 por ciento; y Apodaca, de 26.1 a 33.4 por ciento. En contraste, las mayores reducciones se observaron en Ciudad Nezahualcóyotl, de 55.5 a 41.3 por ciento; Nuevo Laredo, de 34.8 a 26.5 por ciento; y Zapopan, de 70.8 a 54.1 por ciento. De la lista de municipios con mayor percepción de inseguridad salieron, por ejemplo, Ecatepec, en el Estado de México y Chilpancingo, Guerrero. En este último estado, no solo se redujo en su capital la percepción de inseguridad. También bajó en Ixtapa-Zihuatanejo. De acuerdo con los datos del INEGI, Ixtapa-Zihuatanejo registró la mayor mejoría al pasar de 68.2 a 57.3 por ciento, una reducción de 10.9 puntos porcentuales; mientras que Chilpancingo disminuyó de 83.8 a 81.4 por ciento, equivalente a 2.4 puntos porcentuales. Los guerrerenses, en general, se sienten más seguros.
6. MIGRANTES Y CHARRERÍA. En el municipio de Jerez, el diputado federal con licencia Ulises Mejia destacó que la charrería y la comunidad migrante representan dos de los pilares que mantienen viva la identidad, las tradiciones y el orgullo de Zacatecas, por lo que reconoció las actividades culturales y deportivas que se realizan en el marco del Festival Jerez Capital Migrante 2026 y del 5º. Torneo Internacional Charro. De esta manera, el legislador continúa con su presencia territorial en Zacatecas, lo que le mantiene al frente de las encuestas como el aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas.
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