La reciente visita a Palacio Nacional de Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), dejó al descubierto una realidad ineludible: la relación bilateral con la Unión Americana ya no se negocia únicamente en las aduanas industriales o con aranceles al acero, sino en los cauces agonizantes de la frontera norte. El cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 ha dejado de ser un diferendo técnico de cuencas para transformarse en la principal palanca de presión geopolítica y comercial contra México.
Bajo el marco de la revisión del T-MEC, Washington ha condicionado la estabilidad comercial del bloque a la resolución definitiva del adeudo hídrico mexicano en la cuenca del Río Bravo. Aunque a principios de año se pactó un plan técnico para calendarizar entregas mínimas anuales de aproximadamente 432 millones de metros cúbicos (equivalentes a 350 mil acres-pies) con el fin de abatir un rezago acumulado superior a los mil millones de metros cúbicos, la severa sequía que azota el norte del país ha vuelto inviable la ecuación.
El costo político y social de este acuerdo recae de forma desproporcionada sobre el campo mexicano. Entidades como Chihuahua aportan más del 50% de la cuota nacional exigida por el tratado binacional, obligando a la extracción crítica de presas locales en un contexto donde los productores agrícolas enfrentan restricciones severas para el riego de sus propios cultivos. La disyuntiva para el gobierno federal es de pronóstico reservado: desviar el recurso hídrico disponible hacia Estados Unidos para evitar sanciones comerciales fulminantes desata protestas e incuba una crisis alimentaria regional; retener el agua para garantizar la subsistencia agrícola nacional equivale a dinamitar el entendimiento con la Casa Blanca.
La administración estadounidense, empujada por los intereses de agricultores y ganaderos texanos, utiliza este incumplimiento como un cheque al portador para cuestionar la fiabilidad de México como socio comercial. La amenaza latente de imponer revisiones anuales estrictas al T-MEC o condicionar cuotas de exportación manufacturera utilizando la crisis del agua como pretexto evidencia la profunda asimetría de poder que enfrenta el país.
México se encuentra atrapado en una pinza climática y geopolítica. Pretender resolver un problema de seguridad nacional hídrica mediante acuerdos coyunturales y parches presupuestales demuestra la urgencia de replantear la diplomacia hidráulica del Estado mexicano. Sin una modernización radical de la infraestructura hidroagrícola y una renegociación inteligente de los transparentes límites del tratado ante el cambio climático, la escasez de agua seguirá fungiendo como el detonante capaz de fracturar la columna vertebral de la economía exportadora nacional.
Para sortear esta encrucijada hídrica y comercial, el Estado mexicano requiere instrumentar una estrategia urgente que trascienda la reacción coyuntural. Como primer paso, resulta indispensable destinar un presupuesto multianual focalizado en la tecnificación masiva del riego agrícola en los estados del norte —especialmente en Chihuahua—, donde la obsolescencia de los distritos de riego provoca mermas superiores al 40% del recurso por evaporación y filtración. Asimismo, es imperativo establecer una mesa de diálogo permanente de carácter técnico-diplomático con el USTR y autoridades texanas, despolitizando el cumplimiento del Tratado de Aguas mediante un esquema de pagos compensatorios en infraestructura o transferencia de créditos hídricos internos que eviten asfixiar al campo mexicano.
Solo mediante una gestión moderna, transparente y eficiente del agua se podrá desactivar este chantaje geopolítico y blindar la columna vertebral de la economía exportadora nacional.
Dr. Pablo Necoechea
@pablonecoechea
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Pablo Necoechea es experto en innovación, ESG y sostenibilidad empresarial. Es Licenciado y Maestro en Desarrollo Económico por la UPAEP, Maestro en Innovación y Competitividad por Deusto Business School, Maestro en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Economía y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigador en temas de energía y sustentabilidad en el European Centre for Energy and Resource Security (EUCERS) del King's College London, consultor senior en firmas especializadas, y funcionario público en proyectos de innovación y desarrollo sostenible. En el sector privado, ha sido profesor en programas de maestría en la Universidad Anáhuac Norte, Tec de Monterrey y EGADE Business School, y ha ocupado cargos como Director ESG y de Sostenibilidad en Grupo Televisa, así como Director de Sostenibilidad y Cambio Climático en el Tec de Monterrey, y Director Regional de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey para la Ciudad de México y la Región Centro Sur.