A quienes enseñan Derecho

Hace unas semanas escribí una columna dirigida a quienes empiezan a estudiar Derecho. Hablé entonces de aprender a escuchar, escribir, argumentar, hacer buenas preguntas y, sobre todo, distinguir entre tener información y comprender un problema. Esta vez quisiera dirigirme a quienes estamos del otro lado del salón de clases: a quienes tenemos el privilegio, y la enorme responsabilidad, de enseñar Derecho.

En marzo de 2025, un grupo de profesores de la escuela de derecho de Harvard publicó una carta dirigida a sus estudiantes. Comenzaba con una frase sencilla, pero que no paso por alto: “We are privileged to teach and learn the law with you”. Tenemos el privilegio de enseñar y aprender el Derecho con ustedes. Me gusta especialmente ese segundo verbo porque enseñar Derecho podría hacernos olvidar que seguimos aprendiéndolo.

La carta continúa reconociendo algo que debería resultar natural en cualquier facultad de Derecho: entre sus profesores existen posiciones distintas y, a veces, irreconciliables sobre qué es y qué debería ser el Derecho. No consideran esas diferencias una debilidad de su comunidad académica, sino una de sus fortalezas. Lo que los une no es una determinada interpretación de la Constitución, sino un compromiso compartido con el Estado de derecho, la igualdad ante la ley y la imparcialidad en su aplicación.

Hay una lección importante ahí para quienes enseñamos Derecho. Nuestra tarea no consiste en enseñarles a nuestros alumnos qué pensar, sino en enseñarles a pensar jurídicamente. Esto supone aceptar una posibilidad que no siempre resulta cómoda; que después de escucharnos, leer los mismos textos y estudiar los mismos precedentes, lleguen a una conclusión distinta de la nuestra.

Eso no significa que todas las respuestas sean iguales. Precisamente para eso enseñamos Derecho, para pedir razones, distinguir argumentos sólidos de afirmaciones sin sustento, identificar contradicciones y someter nuestras conclusiones a escrutinio; sin embargo, una cosa es exigir rigor y otra muy distinta imponer dogmatismo. Un buen salón de clases no es aquel en el que nadie contradice a la o el profesor, sino en el que alguien puede hacerlo y sabe que tendrá que defender su posición con argumentos.

Hay, además, otra dimensión de la enseñanza jurídica de la que hablamos menos. Las y los profesores no solamente enseñamos a través de lo que decimos, también enseñamos a través de la manera en que ejercemos nuestra autoridad. En un salón existe una asimetría inevitable; el profesor decide a quién le da la palabra, a quién le formula las preguntas, evalúa las respuestas y, finalmente, asigna una calificación. La forma en que utiliza ese pequeño espacio de poder también educa.

Un profesor que ridiculiza una respuesta equivocada enseña algo sobre el poder; el que castiga el desacuerdo, también. El que nunca reconoce que desconoce una respuesta transmite una determinada idea de autoridad. Y el que hace sentir a sus alumnos que preguntar revela ignorancia probablemente conseguirá silencio.

Pero también enseña quien escucha seriamente una objeción, quien pide razones antes de emitir un juicio, quien reconoce un buen argumento aunque contradiga el suyo, quien es capaz de decir frente a un salón: No sé; o incluso: Tienes razón; no lo había pensado así.

Quizá esas sean algunas de las lecciones jurídicas que más permanecen. Nunca había sido tan sencillo acceder a información jurídica, las leyes pueden consultarse en segundos, y los proyectos de sentencias y las sentencias están disponibles en línea. Una herramienta de inteligencia artificial puede resumir una resolución, explicar una institución jurídica o proponer argumentos en cuestión de minutos.

Si el valor de un profesor consistiera simplemente en saber cosas que sus estudiantes todavía no saben, tendríamos razones para preocuparnos, pero acceder a la información y comprender la información nunca han sido lo mismo.

La tarea del profesorado de derecho empieza justamente donde termina la búsqueda de información; es decir, nos toca enseñar a formular la pregunta correcta, distinguir una razón de una conclusión disfrazada de razón; preguntarse no sólo qué dice una norma, sino por qué existe y qué consecuencias produce su interpretación; construir la mejor versión del argumento contrario antes de refutarlo. En estos tiempos que corren nos toca enseñar algo todavía más difícil: que cambiar de opinión frente a mejores razones no es perder una discusión sino es una de las formas más exigentes de honestidad intelectual.

La carta de Harvard fue escrita en un contexto particular de preocupación por el Estado de derecho en Estados Unidos. Sus firmantes sostuvieron que ni una facultad de Derecho ni una sociedad pueden funcionar adecuadamente cuando el miedo desplaza al debate, y reafirmaron su compromiso con enseñar y sostener los principios de un sistema jurídico justo e imparcial. La reflexión trasciende ese contexto.

El mundo se encuentra ante un panorama en los que las instituciones cambian, las decisiones públicas polarizan y vaya, hasta el propio significado del Derecho es objeto de disputa. Es precisamente por esto que el salón de clases debería seguir siendo uno de esos pocos lugares en los que todavía podemos hacer algo extraordinariamente sencillo: sentarnos frente a alguien que piensa distinto, escucharlo y evaluar sus razones.

Hace unas semanas les pedía a quienes empiezan a estudiar Derecho que aprendieran a escuchar, preguntar, argumentar y estar dispuestos a cambiar de opinión. A quienes tenemos el privilegio de enseñarlo habría que pedir, por lo menos, lo mismo.

Nuestros estudiantes aprenden Derecho de lo que les enseñamos, pero aprenden qué significa ser abogado, muchas veces, de la manera en que se lo enseñamos.

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