La revolución de las conciencias

Si alguien quisiera emprender, de veras, una revolución pacífica en este ya avanzado Siglo XXI mexicano, podría hacerlo llamando a cumplir todas y cada una de las leyes que están vigentes. No a cambiarlas ni a desconocerlas ni a impugnarlas, sino a cumplirlas a la letra. Estoy seguro de que muchas oficinas públicas colapsarían tan rápido como el sistema judicial, si tuviera que procesar las denuncias por incumplimiento. Si las y los ciudadanos nos asumiéramos en serio como titulares de derechos y nos propusiéramos exigir a pie juntillas el cumplimiento de la ley –de las leyes, todas–, no habría gobierno capaz de lidiar con multitudes indignadas. Esa sí sería una auténtica revolución de las conciencias.

¿Cómo es posible que un país con leyes tan profusas funcione tan mal? La respuesta es obvia: porque no se cumplen, pero sirven para negociar (como los reglamentos de tránsito, que ayudan a fijar el monto de las mordidas), sirven como armas (“a los enemigos, la ley…”), sirven para justificar la impericia y los abusos burocráticos (“lo siento, pero así dice la norma”) y sirven para que los políticos profesionales inventen otras que resolverán, dicen, los defectos de las anteriores. Sirven para muchas cosas, excepto para lo que fueron escritas.

En términos generales, la ley se utiliza de manera individual para resolver cuestiones específicas y solo a veces –muy a veces– se reclama colectivamente por organizaciones sociales acotadas. Y aun en esos casos, los problemas se resuelven por encima de las leyes para salir del paso. Incluso las instituciones creadas ex profeso para garantizar que algunas leyes se cumplan sin retruécanos acaban negociando sus resoluciones o sometiéndolas a los intereses políticos del día. Pienso, por ejemplo, en la CNDH actual que, plegada descaradamente a las órdenes del gobierno en turno, acusa a la CNDH del pasado de haberse sometido a los gobiernos anteriores. Una joya.

Algo similar ha venido sucediendo con las leyes escritas para combatir la corrupción; léase: para combatir el incumplimiento de la ley. Las instituciones responsables de esa tarea no han cumplido sus mandatos y ni siquiera se han reunido a discutirlo desde el pasado mes de enero –aunque la ley que los regula les exige hacerlo al menos cuatro veces cada año–, porque no lo han considerado indispensable. ¿Por qué los responsables de garantizar el respeto a las normas tendrían que honrarlas, si nadie más lo hace? Además, están a salvo de castigos porque esas instituciones son las encargadas de aplicarlos. Es la impunidad perfecta. Y si alguien les reclama, la respuesta ya está prefabricada: hay que cambiar la ley, porque esta no funciona. Otra joya.

Con todo, exigir el cumplimiento de la ley tendría que ser la obligación básica de cualquier ciudadano digno de ese nombre. Y con mayor razón si se trata de las leyes escritas para integrar la representación política: la distribución del poder legítimo entre quienes piden nuestros votos, en casillas cuyos funcionarios se designan al azar entre quienes forman parte del padrón electoral y con consejos electorales que –como dice la ley– deben estar conformados por ciudadanos sin partido.

Pues bien, la observación electoral no busca más que eso: vigilar que las leyes se cumplan a cabalidad. Si viviéramos en la normalidad democrática, las autoridades electorales tendrían que celebrar que esa observación se multiplique para ayudarles a cumplir con su misión; el partido dominante lo vería con simpatía como respaldo a la legitimidad de sus posibles triunfos venideros; y las oposiciones, como apoyo a su reclamo de equidad en la competencia electoral. “Algo huele mal en Dinamarca” cuando sucede lo contrario. Por eso, hay que llamar a la revolución de las conciencias.

Investigador de la Universidad de Guadalajara

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