Otra vez nos quieren ver la cara

La Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a colocar al cannabis en la agenda: al revisar el cumplimiento de un amparo, determinó que la autorización de autoconsumo puede incluir la preparación de alimentos con cannabis para uso personal. El fallo atiende el caso de quienes acudieron a la justicia; no constituye un permiso automático para toda la población ni autoriza la venta de esos alimentos.

Ese avance merece reconocerse, pero también obliga a preguntar quién puede hacerlo efectivo. Aunque existe la vía de autorización ante Cofepris, cuando es necesario litigar, el tiempo, la asesoría y los posibles costos crean barreras. El acceso a un derecho no debería depender del dinero o de la capacidad para sostener una batalla judicial. Necesitamos reglas accesibles para todos.

Ningún mexicano debería morir ni ir a la cárcel por esta planta. Desde ANICANN proponemos seis compromisos para una ley integral que proteja la vida y permita participar en esta industria a cualquier mexicano mayor de edad o empresa que cumpla las reglas. Estos deben ser la base de una agenda legislativa y de gobierno.

1 Proteger la vida y dejar de criminalizar

Proponemos dejar de criminalizar el consumo personal adulto y abrir vías legales para cultivar, transformar, transportar y comercializar cannabis. El objetivo es reducir la exposición a la violencia del mercado ilícito y dar certeza para trabajar y emprender. La regulación debe proteger a menores y terceros, y mantener la persecución de la violencia, la extorsión y los demás delitos que dañan a las personas.

2 Una economía verde desde el campo

La ley debe incluir al cáñamo industrial, con reglas diferenciadas para sus usos. Vincular a agricultores, ejidos y cooperativas con compradores e industrias de textiles, fibras y materiales puede diversificar sus ingresos y generar valor agregado en México. El apoyo técnico y el financiamiento deben acompañar prácticas ambientales verificables.

3 Oportunidades de negocio para todos

Proponemos licencias por actividad, costos proporcionales al tamaño y riesgo del negocio, requisitos públicos y plazos definidos. Un emprendedor debe poder participar en un eslabón de la cadena sin financiarla completa. Trámites accesibles, capacitación y servicios bancarios facilitarían la entrada de pequeñas empresas y una mayor competencia, con controles sanitarios exigibles.

4 Recaudación con empresas viables

Canadá muestra la escala de la oportunidad. Según Statistics Canada, en el ejercicio 2024–2025 las ventas legales de cannabis recreativo alcanzaron 5 mil 500 millones de dólares canadienses, y los gobiernos federal y provinciales obtuvieron alrededor de 2 mil 500 millones por impuestos, licencias, permisos y utilidades netas de organismos públicos. México debe diseñar cargas fiscales que permitan competir, sostener empresas formales y generar ingresos públicos. Recaudar exige que operar legalmente sea viable.

5 Recursos que regresen a la sociedad

Proponemos destinar parte de los ingresos públicos del sector a prevención, investigación y atención del consumo problemático, incluidos tratamiento y rehabilitación. Las comunidades deben participar en programas de reconstrucción del tejido social. Presupuestos identificables y resultados públicos permitirían comprobar en qué se utilizan los recursos y a quién benefician.

6 Educación y menos ingresos para el crimen organizado

Información sobre riesgos, protección de menores, controles de calidad y trazabilidad deben acompañar la regulación. Una oferta legal accesible, confiable y competitiva puede desplazar parte del mercado ilícito. El beneficio sería doble: mayor protección al consumidor y menos oportunidades de ingreso para las redes criminales, sin prometer que una ley resolverá por sí sola la inseguridad.

La dimensión mundial también importa: Grand View Research estima el mercado legal de cannabis en 40 mil 700 millones de dólares estadounidenses para 2026 y proyecta 102 mil 200 millones para 2030. Son estimaciones comerciales, no ingresos garantizados para México, pero muestran la escala de una industria en la que podemos desarrollar empresas y capacidades propias.

Para México, aprovechar esa oportunidad significaría abrir mercados para agricultores, generar empleos formales y financiar prevención y atención. Los partidos deben entender también su dimensión democrática: los consumidores adultos son ciudadanos cuyo voto cuenta. Una propuesta seria que defienda sus derechos y abra oportunidades puede ganar su confianza, ampliar el respaldo electoral y contribuir a una victoria en las urnas. Ese apoyo debe ganarse con compromisos verificables; ningún partido puede darlo por hecho.

El consumidor merece ser reconocido como ciudadano, escuchado como elector y respetado en sus derechos. Quien aspire a su voto debe explicar qué va a cambiar, cuándo y cómo cumplirá.

https://www.anicann.com.mx/

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