La pipa que condujo a SIMSA y las prisas de la FGR

La investigación comenzó el 3 de julio en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato. Una pipa descargaba 33 mil litros de diésel que su conductor no pudo acreditar. La revisión llevó a las autoridades hasta una terminal de San José Iturbide, donde fueron asegurados 59 millones de litros de gasolinas y diésel.

El operativo fue presentado como uno de los mayores golpes contra el huachicol. Sin embargo, la instalación está autorizada para almacenar combustibles. Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA, exhibió el permiso PL/19344/ALM/2016 y sostuvo que el producto pertenece a clientes que deben acreditar su procedencia.

La cronología contiene un vacío. Según información publicada por medios de comunicación, el operativo ocurrió el 4 de septiembre, la terminal reanudó actividades el día 10 y el aseguramiento fue anunciado hasta el 17, cuando llevaba una semana funcionando nuevamente.

El permiso de SIMSA autorizaba el almacenamiento, pero no el origen ni la trazabilidad del combustible incautado. La FGR deberá entonces establecer si éste fue adquirido conforme a la ley, si se pagaron impuestos y quiénes son sus propietarios. Hasta ahora existe un aseguramiento, no un decomiso definitivo.

La FEMDO atrajo el expediente, mientras que la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, informó que varias empresas deben entregar documentación sobre origen, manejo y destino. La presidenta Claudia Sheinbaum también reaccionó y pidió a la Fiscalía presentar los detalles. Previamente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que no hubo detenidos porque no había personas en el predio, aunque anticipó detenciones.

Grupo SIMSA tiene seis décadas en el sector. Salomón Issa Murra fundó el consorcio en Torreón en 1967. Sus hijos, Salomón y Nesim Issa Tafich, asumieron la administración en 2010 y ampliaron operaciones.

Un recuento de junio de 2023 identificó 292 permisos vinculados con 11 de 26 empresas relacionadas con los Issa Tafich. Los registros de la Comisión Nacional de Energía mezclan autorizaciones en operación, pendientes, vencidas, terminadas y modificadas. Los principales corresponden a Combugas, las filiales de Torreón y Zacatecas, y a Gas Natural del Noroeste.

La integración del grupo también quedó bajo revisión regulatoria. En 2022, 10 empresas relacionadas con SIMSA solicitaron a la Comisión de competencia una opinión sobre su participación simultánea en distintos eslabones del mercado de hidrocarburos. El punto era determinar si compañías bajo un mismo control podían operar en transporte, almacenamiento y comercialización sin favorecer a sus propias filiales ni limitar el acceso de competidores.

SIMSA también ha enfrentado conflictos con competidores. En Navojoa, Gas Natural del Noroeste y Monterrey Energy Pipeline se acusaron por derechos de vía, invasión y sabotaje. La FGR abrió una carpeta y un socio de MEP fue vinculado a proceso. En Coahuila, el conflicto con EON Energy derivó en la detención de su propietario por supuesto fraude, en un expediente cuestionado por la defensa. Otra filial obtuvo en 2018 un amparo de la Suprema Corte por vicios legislativos en reglas sobre reporte de precios, volúmenes y estructura corporativa.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador inició su sexenio con una cruzada contra el huachicol. Cerró ductos, reforzó la vigilancia militar y compró pipas para supuestamente reducir el robo directo. Pero los ilícitos cobraron fuerza no sólo con el contrabando, sino con cargamentos declarados como aditivos que cruzaron puertos y aduanas: el huachicol fiscal.

Sheinbaum y Harfuch han desplazado la persecución hacia barcos, trenes, terminales, facturas y pedimentos. La estrategia busca reconstruir operaciones financieras y comerciales, no sólo localizar combustible.

El caso de SIMSA y los 59 millones de litros pone a prueba a la FGR y al gabinete de seguridad: ¿corresponden a operaciones lícitas?, ¿existen inconsistencias documentales o fiscales y qué responsabilidad corresponde a cada involucrado? La pipa condujo a una terminal. Ahora la investigación debe conducir, con pruebas y control judicial, al origen del combustible y a sus propietarios.

Posdata 1

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, elevó la presión sobre Morena rumbo a las elecciones de 2027. Advirtió que la alianza puede fracturarse si el partido mayoritario continúa tomando decisiones sin incorporar a sus aliados y abrió las puertas del PT a los aspirantes inconformes con los procesos internos. Su reclamo es que Morena se siente con capacidad para competir solo, debido a la debilidad de la oposición, y ha dejado de escuchar tanto al PT como a algunos de sus propios liderazgos.

La disputa tiene como principal objetivo Baja California Sur, una de las gubernaturas que el PT quiere encabezar dentro de la coalición. Para conseguirla, los petistas están utilizando como instrumentos de negociación las inconformidades de Zacatecas y Guerrero, donde respaldaron perfiles que no obtuvieron las coordinaciones, y podrían sumar también Quintana Roo. No se trata todavía de una ruptura definitiva, sino de una negociación territorial: el PT busca que Morena reconozca su peso electoral y le entregue por lo menos una candidatura competitiva a gobernador.

La lectura de la dirigencia petista es que el Partido Verde recibió un trato preferencial. Considera que Quintana Roo quedó bajo la influencia de un grupo político estrechamente relacionado con el Verde y anticipa que San Luis Potosí también podría reservarse para ese partido. El PT, en cambio, no tiene hasta ahora una gubernatura asegurada. La advertencia de Sandoval y la posibilidad de postular a morenistas inconformes forman parte de esa presión. La alianza no está rota, pero el reparto de Baja California Sur definirá si el PT permanece como socio electoral de Morena o comienza a competir con candidatos propios.

Posdata 2

Se sabe que la designación de Verónica Díaz como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en Zacatecas abrió una inconformidad entre los grupos de Morena que respaldaban a Ulises Mejía Haro. Diversas encuestas públicas habían colocado a Mejía entre los perfiles mejor posicionados. Esas mediciones generaron una expectativa que ahora requiere una explicación técnica.

Ulises Mejía, sin embargo, ha actuado con responsabilidad. No ha roto con Morena, no ha desconocido a la coordinadora ni ha convertido su inconformidad en una confrontación contra la familia Monreal. Su petición consiste en conocer la metodología, la muestra y los resultados de las encuestas internas. Transparentarlos no debilitaría la designación de Verónica Díaz; por el contrario, ayudaría a fortalecerla, cerraría espacios a las especulaciones y facilitaría la integración de los grupos que participaron en el proceso.

El plan B de Mejía tampoco tendría que pasar por una candidatura opositora. Su mejor ruta es mantenerse dentro de Morena, regresar a la Cámara de Diputados, conservar su estructura territorial y participar en la construcción de la unidad rumbo a 2027. Cuenta con reconocimiento electoral y con una base propia que puede ser relevante para el futuro.

El reto de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández será conducir un acuerdo que reconozca plenamente a Verónica Díaz e incorpore a Mejía y a los demás aspirantes. Morena necesita explicar los resultados, ordenar a sus corrientes y evitar que una diferencia procesal termine convertida en una fractura electoral.

Posdata 3

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, y el exgobernador del Banco de México y también extitular de Hacienda, Guillermo Ortiz, protagonizaron un choque público sobre la situación económica y social de México. Ortiz publicó un artículo en el que cuestionó la lectura presentada por Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno. Reconoció que la pobreza disminuyó alrededor de 12 puntos porcentuales desde 2018, que también bajó la pobreza extrema y que el salario mínimo se duplicó en términos reales, pero sostuvo que esos avances no bastan para concluir que los mexicanos viven mejor. Su argumento es que el gobierno destaca los indicadores que favorecen su narrativa y resta importancia a los que muestran deterioro.

Ortiz puso el énfasis en la calidad del empleo y de los servicios públicos. La proporción de trabajadores en la informalidad llegó a 55% hacia finales de 2025, su mayor nivel en tres años, y prácticamente todos los empleos netos creados durante ese año fueron informales. El exsecretario de Hacienda también señaló problemas en salud, educación y seguridad. Su conclusión fue que las transferencias sociales elevaron el ingreso de millones de hogares, pero no necesariamente ampliaron sus oportunidades de movilidad. En otras palabras, la 4T elevó el piso para una parte de la población, mientras que el techo de crecimiento, educación, atención médica y empleo formal siguió limitado.

Amador respondió con una comparación directa entre los resultados actuales y el periodo en que Ortiz encabezó Hacienda, de 1994 a 1997. Recordó que durante esos años la pobreza patrimonial pasó de 52.3% a 63.7% y la pobreza alimentaria aumentó de 21.2% a 33.3%, mientras la crisis de 1995 llevó la inflación a 51.97%. Contrastó esos datos con la inflación de 3.26% registrada en agosto de 2026 y con la reducción de más de 13 millones de personas en situación de pobreza desde 2018. También responsabilizó a Ortiz de haber respaldado la conversión del Fobaproa en deuda pública y afirmó que su gestión privilegió el rescate de los bancos sobre el gasto social.

El intercambio contrapone dos formas de evaluar la economía: Ortiz concentra su análisis en la informalidad laboral y la calidad de los servicios, mientras Amador destaca la reducción de la pobreza, la recuperación salarial, la estabilidad de precios y el aumento del gasto social. Ambos utilizan indicadores distintos para responder una misma pregunta: cuánto ha mejorado realmente el bienestar de los mexicanos desde 2018.

Posdata 4

La Liga MX llevó un millón 920 mil 373 aficionados a los estadios durante las primeras ocho jornadas completas del Apertura 2026, el segundo mejor arranque de su historia. El promedio fue de 26 mil 672 espectadores por partido y quedó solamente por debajo del Clausura 2016, que registró un millón 999 mil 553 asistentes en el mismo periodo. La diferencia entre ambos torneos es de 79 mil 180 personas. El Clásico entre América y Guadalajara también impulsó la convocatoria de la jornada nueve, que reunió a 244 mil 652 aficionados.

El crecimiento es considerable frente a los torneos recientes. La asistencia aumentó 21.7% respecto al Clausura 2024, 36.4% frente al Apertura de ese año, 26.1% en comparación con el Clausura 2025 y 25.5% contra el Apertura 2025. La precisión es que el acumulado todavía no incluye la jornada siete, debido a que siguen pendientes los partidos América-Tijuana y Querétaro-Rayados. Aun con esos encuentros por disputar, el torneo ya superó por poco al Clausura 2015 y se colocó entre los de mayor convocatoria de la última década.

Esto se da mientras el modelo de competencia del futbol mexicano vuelve al debate público. Este lunes el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, presentó una iniciativa para recuperar el ascenso y descenso y establecer reglas para los clubes y la Federación Mexicana de Futbol, y mientras la Comisión Nacional Antimonopolio mantiene una investigación por posibles prácticas anticompetitivas y barreras de acceso.

@MarioMal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.