Hace un par de semanas se conoció el plan del gobierno federal —elaborado por la Agencia de Transformación Digital (ATDT)— respecto a un “Plan Nacional de Inteligencia Artificial (IA)”. El tema no es sencillo de entender y menos de regular, pero el citado plan gubernamental tiene algunos avances, como la colaboración entre sector privado y el gobierno para una “fábrica” de IA. Pero también, algunos aspectos negativos como su falta de estructura jurídica y diseño institucional.

¿Qué le falta al Plan? Definir a los interlocutores del Estado para este tema, además de la ATDT. Por ejemplo, ¿qué autoridad va a supervisar y defender a humanos de “decisiones automatizadas”? ¿qué autoridad va a asegurar que el sistema grafos del SAT no de falsos positivos al buscar por IA a empresas factureras?

El Estado mexicano está tan rezagado en IA que ni siquiera tenemos claro si hay facultades para legislar al respecto. Según la Cámara de Diputados, tan nadie tiene facultades que están planeando reformar la Constitución misma, para darle al Congreso facultades de legislar en temas de IA. Pero hay otra visión, la del gobierno, que señala que el PRI, en el 2013, reformó la Constitución para que el Congreso pudiera legislar en temas de “tecnologías de la información” y que con esto englobarían a la IA. Este debate no es menor y requiere de certeza, para que los operadores y usuarios de la IA no enfrenten litigios.

¿Qué pasa en otros países? Los europeos legislaron de manera muy ambiciosa y están teniendo que echar para atrás sus regulaciones. Se dieron cuenta que no generarían instrumentos de IA y están reformando todo lo hecho. Japón y Corea del Sur, entendiendo que tampoco serían generadores de IA, fueron más cautelosos y han emitido leyes para promover investigación, generar inversiones y proteger a sus ciudadanos a través de directrices.

Brasil, India y los Estados Unidos (EU) no han definido qué tipo de leyes buscan. Pero el presidente Trump, en un cambio de opinión importante, acaba de anunciar la creación de una “Fuerza de IA” y un zar de inteligencia para estos temas.

Y Colombia, sorpresivamente, por conducto de su presidente, Abelardo de la Espriella, anunció, antier, que el afamado y acaudalado empresario colombiano David Vélez, dueño de Nubank y parte del consejo directivo de Open AI/ ChatGPT será su zar de IA. Esto con la idea de buscar hacer un gobierno “más pequeño, eficiente y moderno” y que Colombia sea el principal receptor de las inversiones de IA en Latinoamérica. Aunque aún no tiene una ley específica, es evidente que Colombia piensa avanzar en este tema.

El nombramiento se da también con el anuncio de que Nubank invertirá 1.5 mil millones de dólares en Colombia y otras empresas que participaron en el Latam Fintech Market, el pasado fin de semana, celebrado en ese país, están evaluando inversiones adicionales.

No se trata de regular rápido y mal, como hicieron los europeos. Pero México debe dejar atrás su pasmo o el miedo a los EU y empezar a regular la IA para proteger a los menores de edad, las imágenes íntimas de las personas, los datos personales, el robo de información, los derechos de autor y hasta los procesos electorales. No hacerlo nos deja en desventaja frente a las megaempresas que se están conformando. Además de que la falta de planeación hace que las inversiones en centros de datos e IA se vayan a otros países de la región. Ojalá pronto la ATDT y el Congreso empiecen a encontrar fórmulas para avanzar en la promoción y la regulación de la IA en nuestro país.

CAMBIANDO DE TEMA... Vaya desafío el que enfrenta el gobierno en materia de finanzas públicas por el desequilibrio entre los ingresos y el gasto del gobierno y su respectivo déficit que según la SHCP, en 2027, será equivalente a 1 billón 555 mil millones de pesos, lo que se cubrirá con deuda.

El desafío se vuelve aún más complicado cuando vemos lo que está ocurriendo con los precios del diésel. Sus precios han alcanzado un nivel récord en EU esta semana, de 30.3 pesos por litro. Mientras que México, con subsidios, ha establecido como meta que el precio se mantenga en 27 pesos por litro.

El subsidio al diésel, en el 1er semestre del año, tuvo un costo fiscal de 80 millones de pesos diarios. Pero con la reciente subida de precios en el Mundo, la SHCP no solo debe dejar de cobrar el IEPS (de 7.34 pesos por litro), sino que anunció un subsidio de 1.84 pesos por litro. Así que hoy en día el diésel representa un costo fiscal de 393 millones de pesos diarios.

El gobierno pronto estará en la disyuntiva de mantener los precios bajos para ganar elecciones, pero a costa de volar la economía nacional.

X: @JTejado

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