“¿Todos deberían votar?”
“Yo creo que no. Y lo volvería a decir 75 veces.”
La frase no es menor. Tampoco es una simple provocación académica. Es una confesión política.
Porque cuando alguien afirma que el derecho al voto debe condicionarse a demostrar conocimientos mínimos sobre el Estado, no está defendiendo la educación cívica: está proponiendo una democracia con filtro, una ciudadanía con candado y un país donde algunos se sientan con derecho a decidir quién merece tener voz.
Y hay que decirlo con total claridad, la democracia no nació para que una élite reparta permisos de ciudadanía. Nació precisamente para acabar con eso.
La democracia moderna se sostiene sobre una idea poderosa e irrenunciable: todas las personas valen políticamente lo mismo frente al Estado. No importa si tienen doctorado o si apenas terminaron la primaria. No importa si viven en una gran ciudad o en la comunidad más apartada del país. No importa si hablan con lenguaje técnico o si explican sus necesidades desde la experiencia diaria.
La dignidad ciudadana no se mide con un examen.
El voto no es un premio para quienes saben más. Es un derecho de quienes forman parte de una nación.
Por eso resulta profundamente preocupante que una profesora de Teoría Constitucional plantee que el acceso al sufragio deba pasar por un filtro de conocimientos. No porque la educación cívica no importe. Claro que importa. Una democracia necesita ciudadanas y ciudadanos informados, críticos y participativos.
Pero una cosa es educar para fortalecer la democracia y otra muy distinta es usar la educación como pretexto para limitar derechos.
El Estado tiene la obligación de educar. No la facultad de excluir.
Si mañana aceptamos que sólo voten quienes aprueben un examen sobre instituciones públicas, abrimos una puerta peligrosísima.
¿Qué sigue? ¿Un examen de economía? ¿Uno de historia? ¿Uno de derecho constitucional? ¿Uno de “buen criterio”? ¿Quién redactaría las preguntas? ¿Quién definiría las respuestas correctas? ¿Quién tendría el poder de decidir qué ciudadano sabe lo suficiente para votar y cuál debe quedarse callado?
La historia ya respondió esas preguntas. Y las respondió con dolor.
Durante siglos, las élites encontraron argumentos aparentemente racionales para excluir a millones de personas de la vida pública.
Se dijo que las mujeres no estaban preparadas para votar. Se dijo que las personas indígenas no entendían la política. Se dijo que quienes no sabían leer ni escribir carecían de criterio. Se dijo que las personas pobres podían ser manipuladas. Se dijo, una y otra vez, que el pueblo no sabía decidir.
Siempre hubo una excusa elegante para justificar una injusticia brutal.
Siempre hubo quien llamó “responsabilidad” a la exclusión.
Siempre hubo quien creyó que la democracia sería mejor con menos pueblo.
Pero la democracia no mejora cuando expulsa ciudadanos. Se vacía.
La democracia no se fortalece cerrando la puerta de la participación. Se fortalece abriéndola.
Por eso hay que tener mucho cuidado con esas ideas que se presentan como sofisticadas, académicas o “responsables”, pero que en el fondo esconden el mismo desprecio de siempre: el miedo a que el pueblo decida.
Porque cuando alguien pregunta si todos deberían votar, lo que realmente está preguntando es si todos deberían contar.
Y la respuesta democrática sólo puede ser una: sí.
Todos cuentan. Todos tienen voz. Todos tienen derecho.
Resulta además profundamente paradójico que quienes desconfían de la capacidad del pueblo para votar casi nunca proponen exámenes para quienes aspiran a gobernarlo.
Pareciera que el ciudadano debe demostrar que merece decidir, pero el poderoso rara vez debe demostrar que merece mandar.
Ahí está la contradicción.
Se exige preparación al votante, pero no siempre integridad al gobernante. Se cuestiona el criterio del pueblo, pero no la ambición de quienes buscan el poder. Se sospecha de la ciudadanía, pero se normaliza que quienes toman decisiones públicas fallen, mientan o traicionen o gobiernen de espaldas a la gente.
No. La democracia no funciona así.
La soberanía reside en el pueblo, no en una mesa de evaluación. La ciudadanía no necesita permiso de una élite para existir.
Y el voto no puede convertirse en una credencial que se entrega sólo a quienes aprueban una prueba diseñada por quienes ya tienen poder.
Porque aquí está el verdadero riesgo: el día que el poder pueda decidir quién sabe lo suficiente para votar, también podrá decidir quién sabe lo suficiente para opinar, para protestar, para organizarse, para exigir, para participar.
Primero condicionan el voto. Después condicionan la voz. Y al final condicionan la democracia misma.
La educación cívica debe fortalecerse, por supuesto. Debemos enseñar mejor cómo funcionan nuestras instituciones, qué derechos tenemos, cómo se construyen las leyes, por qué importa participar y cómo defender la democracia.
Pero educar nunca puede significar condicionar.
Formar ciudadanía nunca puede significar seleccionar ciudadanía.
Informar al pueblo nunca puede significar quitarle la voz a quien no tuvo las mismas oportunidades educativas.
La Constitución no pregunta cuántos libros has leído para reconocerte como ciudadano. La democracia no revisa tu promedio antes de entregarte una boleta. La urna no distingue entre títulos universitarios y experiencia de vida.
Y así debe ser.
Porque muchas veces quienes más conocen las consecuencias de las malas decisiones públicas no son quienes pueden explicarlas con lenguaje técnico, sino quienes las padecen todos los días.
La madre que no encuentra trabajo. El joven que busca crecer. La mujer que camina con miedo. El campesino que defiende su tierra. La trabajadora que sostiene su casa. La persona adulta mayor que espera una pensión.
Ellas y ellos no necesitan aprobar un examen para saber qué les duele, qué les falta y qué país quieren.
La democracia también se construye desde ahí: desde la vida real, desde la calle, desde la necesidad, desde la esperanza y desde la dignidad de quienes durante demasiado tiempo fueron tratados como si no supieran decidir.
Por eso el sufragio universal no es negociable.
El día en que el poder pueda decidir quién sabe lo suficiente para votar, ese día la democracia deja de ser democracia y se convierte en privilegio administrado.
Y México ya conoce demasiado bien las consecuencias de los privilegios.
Durante muchos años nos dijeron que el pueblo no entendía, que el pueblo no sabía, que el pueblo se equivocaba, que el pueblo era manipulable. Pero cada vez que el pueblo ha podido hablar, ha demostrado que la democracia no le pertenece a las élites: le pertenece a la gente.
A la gente que trabaja. A la gente que resiste. A la gente que sostiene este país todos los días. A la gente que quizá no usa palabras sofisticadas, pero conoce perfectamente el peso de una mala decisión pública.
La democracia no necesita ciudadanos certificados.
Necesita ciudadanos libres. Necesita instituciones que eduquen, no élites que seleccionen. Necesita participación, no filtros. Necesita igualdad, no exámenes.
Porque el voto no se gana con una calificación.
El voto se ejerce por una razón mucho más poderosa, porque somos ciudadanas y ciudadanos de un país libre. Y en una democracia verdadera, nadie tiene que demostrar que merece tener voz.
Diputada Federal LXVI Legislatura
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