Jorge Larrea Espinosa | 08-09-26 | 07:36 |

En plazas, parques y calles es cada vez más frecuente percibir el olor de la marihuana . Para muchos, esta escena parece confirmar que en México el consumo de cannabis ya es legal. Pero la realidad es más compleja.

México se encuentra en una zona jurídica intermedia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de cannabis vulneraba de manera desproporcionada el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En 2021, el Pleno eliminó esa prohibición absoluta y estableció que las personas adultas pueden obtener autorizaciones para actividades vinculadas con su autoconsumo, como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar cannabis.,

Pero hay algo fundamental que no debe confundirse: el autoconsumo recreativo no equivale a tener un mercado legal y regulado de cannabis. Las autorizaciones para autoconsumo no incluyen su comercialización, suministro o distribución. La propia Corte ha exhortado al Congreso a legislar para generar seguridad jurídica tanto para los consumidores como para terceros.

El problema no es únicamente si una persona adulta tiene derecho a consumir cannabis, sino: ¿qué hace el Estado para que ese derecho pueda ejercerse con información, responsabilidad y protección de la salud?

El derecho a decidir también requiere información

El libre desarrollo de la personalidad protege la posibilidad de que las personas adultas tomen decisiones sobre su propia vida. Pero el derecho a ejercer esta libertad no significa hacerlo sin conocer sus consecuencias o afectando a terceros, como ocurre con la exposición al humo o cuando una persona conduce bajo los efectos de la sustancia.

Consumir cannabis no es una conducta inocua. La evidencia científica ha identificado riesgos relacionados con la memoria, el aprendizaje, la atención, la coordinación y la capacidad de tomar decisiones. El consumo también puede derivar en un trastorno por consumo de cannabis, particularmente cuando se inicia a edades tempranas o se realiza con frecuencia.

En cuanto a la salud mental, la relación merece especial atención. El consumo frecuente de cannabis se ha asociado con depresión, ansiedad y un mayor riesgo de psicosis, especialmente en personas con predisposición genética o vulnerabilidad biológica.,

Tampoco debemos olvidar sus efectos físicos. El cannabis puede aumentar temporalmente la frecuencia cardiaca y la presión arterial y se ha asociado con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Cuando se fuma, el humo contiene muchas de las mismas sustancias tóxicas, irritantes y carcinógenas presentes en el humo del tabaco y puede dañar el tejido pulmonar.

Y existe otro riesgo evidente: conducir bajo sus efectos. El cannabis puede disminuir el tiempo de reacción y la capacidad de tomar decisiones, afectar la coordinación y alterar la percepción. Su combinación con el alcohol puede incrementar el deterioro y la probabilidad de sufrir un accidente.

Informar sobre estos riesgos no significa criminalizar al consumidor. Significa permitirle decidir con mayor libertad y responsabilidad.

La droga ilegal más consumida

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, el cannabis continúa siendo la droga ilegal de mayor consumo en la población general y su prevalencia alguna vez en la vida aumentó de 8.6% en 2016 a 12% en 2025, cifras que es importante considerar.,

No podemos saber con certeza si el aumento del consumo de cannabis sea consecuencia de la despenalización, pero surge una pregunta que no podemos ignorar: si el cannabis está cada vez más presente en nuestra sociedad, ¿estamos haciendo lo suficiente para prevenir las consecuencias del consumo, tanto en la salud física y mental de quienes consumen como en el ámbito social y de seguridad?

Una política pública no puede quedarse a la mitad

La discusión suele dividirse entre quienes quieren prohibir y quienes quieren legalizar. En medio de esa polarización se omite algo esencial: la mayoría de las políticas efectivas frente a las adicciones no comienzan cuando una persona ya desarrolló una dependencia. Comienzan mucho antes.

La prevención, la información basada en evidencia, la detección temprana, la reducción de daños y el tratamiento deben formar parte de una misma estrategia, con especial atención a niñas, niños y adolescentes.

La despenalización del consumo puede ser un paso adelante si significa dejar de tratar al consumidor como delincuente y reconocer que quien desarrolla un problema de consumo necesita asistencia. Pero ese paso resulta insuficiente si no está acompañado de una política pública integral.

Portugal ofrece una lección interesante al respecto. En 2001 se convirtió en el primer país que despenalizó el consumo y la posesión de drogas para uso personal. Esto no significó legalizar las drogas ni abandonar la intervención del Estado. Por el contrario, desde 1999, Portugal construyó una estrategia integral que combinó prevención, tratamiento, reducción de daños, reinserción social y atención temprana.

La política portuguesa estableció objetivos de reducción de muertes, disminución del consumo problemático, ampliación del tratamiento y prevención de infecciones como VIH y hepatitis. Además, creó comisiones multidisciplinarias para atender a las personas sorprendidas consumiendo, integradas por profesionales de distintas áreas, capaces de evaluar cada situación y determinar la respuesta más adecuada: desde una advertencia o una medida administrativa hasta la recomendación de tratamiento.

El mensaje fue claro: el consumidor no debe ser visto principalmente como un delincuente, sino como una persona que puede necesitar ayuda. Pero, esto no aplica a quiénes trafican con la droga.

Portugal tampoco se limitó a modificar la ley. Invirtió en tratamiento, prevención y reducción de daños, con servicios de atención sanitaria, apoyo psicosocial y programas dirigidos a consumidores de alto riesgo. En las décadas siguientes, se observaron mejoras importantes en diversos indicadores, entre ellos, la disminución en el consumo de heroína y cocaína, en los contagios de VIH y en las muertes relacionadas con drogas.

Esto no significa que el modelo portugués sea perfecto ni que todos sus resultados puedan atribuirse exclusivamente a la despenalización. La lección más importante es precisamente otra: la despenalización fue solamente una pieza de una estrategia mucho más amplia, que comenzó a construirse antes de dar ese paso.

¿Y en México?

No se trata ni de criminalizar al consumidor ni de normalizar el consumo. Se trata de construir una política de cannabis que respete la libertad, pero que también asuma la responsabilidad de informar, prevenir, proteger a niñas, niños y adolescentes, detectar oportunamente el consumo problemático y garantizar tratamiento a quienes desarrollen una adicción. Porque despenalizar el consumo no significa desentenderse de sus consecuencias.

México necesita una estrategia integral que articule información pública basada en evidencia y advertencias claras sobre los riesgos; prevención desde edades tempranas; escuelas, familias y servicios de salud capaces de identificar señales de riesgo; estrategias de reducción de daños y servicios de tratamiento accesibles y de calidad. No como acciones aisladas, sino como diferentes aspectos de una misma política de salud pública.

Despenalizar puede ser un primer paso. Pero prevenir, detectar, reducir daños y tratar las adicciones es lo que puede convertir ese paso en una verdadera política de salud pública que mejore la calidad de vida de las personas adictas.

La marihuana es un derivado de la planta Cannabis.

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