El informe rendido el pasado 14 de diciembre por la ministra Norma Piña Hernández, primera mujer en presidir la SCJN, ha marcado un hito en la historia de nuestro país. Día emblemático en la tradición jurídica de México y triunfo determinante para la igualdad de género. Esto aunado a un presídium compartido por otras dos mujeres en representación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, subraya un momento de transformación y empoderamiento del género femenino.
Un informe exhaustivo, puntual, perspicaz, con visión del futuro. Nos presentó el trabajo desarrollado durante este año por el Poder Judicial Federal (PJF). Institución que representa el equilibrio entre Poderes, el fiel de la balanza en nuestro país.
Un informe en el que el PJF reafirmó su compromiso con el respeto irrestricto a nuestro marco jurídico, aplicado bajo los principios constitucionales de independencia e imparcialidad, cuyo objetivo central son los justiciables. Que reconoce la diversidad y la inclusión, tanto en su integración como en su quehacer cotidiano. Pues la justicia, a los ojos de quien lo preside “no sólo pacifica el conflicto, también humaniza, edifica y enaltece a la sociedad”.
La ministra Piña agradeció la colaboración de ministr@s, consejer@s, juzgador@s, servidor@s públicos del PJF. A quienes también agradeció a título personal, “sus palabras, su resiliencia, cada manifestación de apoyo, esfuerzo infinito y vital para mi persona”.
Mencionó una carga de trabajo en el PJF de 2,025,283 asuntos, así como importantes avances en los criterios de la SCJN en la protección de los DH. Decisiones de alto impacto en la vida de las personas y en el establecimiento de precedentes.
La ministra señaló ejemplificativamente algunos de los asuntos resueltos por el pleno de la Suprema Corte como la importancia de la deliberación democrática en el Poder Legislativo; la invalidez del decreto que ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena; validación de que el pleno del Inai sesione con menos de cinco comisionad@s; invalidez del decreto por el que el Ejecutivo federal emitió la Declaratoria de Interés Público y Seguridad Nacional de Proyectos y Obras a su cargo; constitucionalidad del requisito de no ser deudor@ alimentario moroso para acceder a determinados cargos públicos; invalidez de disposiciones del Código Civil para la CDMX que excluían a las personas con discapacidad visual, auditiva y de lenguaje de acceder al otorgamiento de un testamento público abierto por medios electrónicos.
Reiteró su compromiso, entre otras cosas, con la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, la capacitación continua de sus integrantes, la correcta aplicación de la perspectiva de género, el buen funcionamiento de la Defensoría Pública.
Reconoce los desafíos que enfrenta el PJF, con la reducción presupuestal y, al propio tiempo, en el aumento considerable en las cargas laborales. Sin embargo, mantiene un enfoque positivo hacia el futuro, con énfasis en la resiliencia y la adaptación.
La ministra Piña concluyó su informe con esa profunda convicción que la caracteriza en su perfecto entendimiento al patriótico significado de la correcta impartición de justicia, que nos enorgullece como juzgador@s, como mujeres y como mexican@s: “…mi compromiso indeclinable ha sido, es y seguirá siendo tanto la defensa de nuestra Constitución, como la independencia del PJF… Es nuestra labor congruente, nuestra mejor voz; es la lucha por la justicia, nuestro mayor legado; es la defensa de nuestra constitución y, por tanto, la defensa de cada persona y de la sociedad a la que servimos, el mejor ejemplo de que somos dignos herederos de nuestra gran historia”.
Ministra en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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