¿En qué momento una comisión de derechos humanos comienza a parecer más preocupada por la reputación de las instituciones, en especial por el ejército, que por la confianza de las víctimas?
La pregunta surge inevitablemente después de leer la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. No porque el documento deba ser inmune a la crítica o porque las conclusiones del GIEI sean un dogma. Las recomendaciones de la CNDH son discutibles por definición. Lo que sorprende es el lugar desde donde parece construirse el razonamiento institucional. La Constitución imaginó un ombudsman dispuesto a mirar al poder con desconfianza. Hoy muchos colectivos encuentran una institución que observa con mayor severidad a quienes cuestionan al Estado que al propio Estado.
¿Por qué dejó de ser prioritario preguntarse qué información permaneció oculta y comenzó a ser prioritario desacreditar a quienes la buscaron?
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes llegó a México porque el propio Estado aceptó que había perdido credibilidad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes. Sus informes modificaron el rumbo del caso. Derrumbaron la llamada "verdad histórica", documentaron irregularidades procesales, señalaron actos de tortura y evidenciaron la existencia de información militar relevante que permanecía fuera del expediente. Puede debatirse alguna de sus conclusiones; lo que resulta difícil es negar que cambió para siempre la comprensión del caso Ayotzinapa.
¿Cómo es que ahora las organizaciones que acompañan a las víctimas comenzaron a ocupar el lugar de los sospechosos?
El Centro Prodh lleva más de tres décadas litigando casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Su trabajo ha contribuido a construir criterios de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana. En cualquier democracia madura, un organismo nacional de derechos humanos encuentra en esas organizaciones un aliado incómodo, pero indispensable. Cuando la energía institucional se desplaza hacia la confrontación con quienes documentan abusos, el debate deja de concentrarse en los hechos y comienza a girar alrededor de quienes los revelan.
¿Puede existir un escrutinio suficiente cuando las Fuerzas Armadas concentran el mayor poder civil de su historia reciente?
La pregunta resulta pertinente. El Ejército administra hoy puertos, aduanas, aeropuertos, empresas públicas, obras de infraestructura y participa de manera permanente en tareas de seguridad. El constitucionalismo moderno enseña una lección sencilla: mientras mayor es el poder, mayores deben ser los controles. Esa lógica no expresa desconfianza hacia una institución en particular; constituye una garantía para cualquier democracia.
¿Contribuyó el caso del general Salvador Cienfuegos a tambalear ese equilibrio?
La exigencia de su repatriación desde Estados Unidos pudo sostenerse en razones de soberanía. La exoneración posterior correspondió a la Fiscalía General de la República. Lo que marcó un cambio de clima político fue la reivindicación pública de su honor y del prestigio institucional del Ejército. Ese episodio instaló una narrativa que privilegió la protección de la institución militar frente al costo político que implicaba mantener abiertas las dudas. Desde entonces, cualquier decisión relacionada con las Fuerzas Armadas se analiza bajo esa sombra.
¿Quién ocupa hoy el centro de gravedad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
La pregunta adquiere especial relevancia bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra. Su historia familiar hacía pensar en una institución particularmente sensible frente al dolor de las víctimas de desaparición forzada. Esa expectativa no nació de un cálculo político; surgió de una biografía marcada por la búsqueda de un desaparecido y por décadas de confrontación con un Estado que negaba responsabilidades. Precisamente por ello, el contraste entre aquella esperanza y la percepción que hoy expresan numerosos colectivos resulta tan profundo.
¿Puede una institución conservar autoridad moral cuando las víctimas comienzan a dudar de su independencia?
La autoridad de la CNDH nunca dependió de la fuerza de sus recomendaciones. Dependió de la confianza que inspiraba. Una recomendación puede ser impecable desde el punto de vista jurídico y, aun así, perder eficacia si quienes buscan justicia consideran que la institución ya no observa al poder con la distancia que exige su mandato constitucional.
México supera las ciento treinta mil personas desaparecidas. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha advertido sobre los elevados niveles de impunidad que persisten en estos delitos. Las madres buscadoras siguen encontrando fosas antes que las autoridades. Ese contexto convierte cada decisión de la CNDH en algo más que un debate jurídico. Cada palabra del ombudsman nacional contribuye a fortalecer o debilitar la confianza de quienes esperan verdad.
¿Quién defenderá a las víctimas cuando el organismo creado para vigilar al poder deja de ser percibido como el contrapeso más confiable frente a ese mismo poder?
@MaiteAzuela