Ciudad Esponja: lo que el PGD y el POZMVM quedaron a deber 

Por Carlos Corral Serrano

La crisis hídrica del Valle de México se construyó durante décadas. Impermeabilizamos el territorio, entubamos ríos, redujimos humedales y zonas de infiltración y desarrollamos grandes obras para desalojar el agua de lluvia. Al mismo tiempo, incrementamos la extracción de los acuíferos hasta provocar sobreexplotación, hundimientos diferenciales y una creciente vulnerabilidad frente a sequías e inundaciones.

La contradicción es evidente: extraemos del subsuelo el agua que necesitamos mientras expulsamos de la cuenca buena parte de la que recibimos.

Tanto el proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (PGD) como el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) reconocen esta problemática. El segundo identifica los efectos de la impermeabilización del suelo, la reducción de la infiltración, la pérdida de lagos, humedales y zonas naturales de regulación, así como la creciente dependencia de los acuíferos y fuentes externas.

También existen propuestas acertadas. El POZMVM incorpora entre sus proyectos estratégicos la “Metrópoli Esponja”, orientada a recuperar el equilibrio hídrico mediante captación, almacenamiento, infiltración y regulación distribuida del agua. El PGD plantea captación pluvial, galerías de infiltración, pozos de absorción, cuencas de retención, reúso, recuperación de corredores hidroecológicos y un sistema metropolitano de presas y vasos reguladores.

El diagnóstico está planteado y la dirección general resulta correcta. Las áreas de oportunidad aparecen cuando intentamos convertir esas aspiraciones en políticas públicas ejecutables.

De las metas a los resultados

El propio POZMVM establece para su línea base un grado de presión hídrica de 128.6% y propone reducirlo hacia 2050. Frente a esa magnitud, resulta indispensable conocer la contribución de cada acción al objetivo final.

¿Cuántos hectómetros cúbicos deberán dejar de extraerse anualmente? ¿Cuánto aportará la reducción de fugas? ¿Cuánto el reúso? ¿Cuánto la captación pluvial? ¿Qué volumen podrá infiltrarse de manera segura? ¿En qué momento comenzaremos realmente a reducir la sobreexplotación del acuífero?

Una planta rehabilitada, un pozo de absorción o un sistema de captación son acciones. El resultado debe expresarse en el volumen de agua que permiten ahorrar, recuperar, almacenar, reutilizar o infiltrar.

Ahí encontramos una primera área de oportunidad: vincular con mayor claridad proyecto, inversión y resultado hídrico.

La segunda es financiera.

El POZMVM incluye fichas de proyectos e identifica posibles fuentes de recursos. Para el Proyecto Integral Xochimilco-Tláhuac-Xico-Chalco/Tlalteles-Mixquic, por ejemplo, establece una inversión de 40 mil millones de pesos y menciona recursos federales, FAIS, fideicomisos y posibles participaciones del BID y Banco Mundial. Para otras acciones, como la rehabilitación del Sistema Alto Lerma, el monto permanece “por definir por la institución responsable”.

Identificar fuentes potenciales es distinto de contar con una estructura financiera.

Falta conocer cuánto aportaría la Federación; qué porcentaje correspondería a la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo o los municipios; qué inversiones asumiría CONAGUA; qué recursos provendrían de organismos multilaterales; cuáles están efectivamente comprometidos y cuáles requieren todavía gestión; y cuánto costarán la operación y el mantenimiento durante las siguientes décadas.

Existen mecanismos internacionales que podrían aprovecharse. El Banco Mundial cuenta con un proyecto de seguridad y resiliencia hídrica para el Valle de México ejecutado a través de CONAGUA, mientras el BID dispone de instrumentos de cooperación relacionados con agua y saneamiento. Precisamente por ello, el POZMVM tendría la oportunidad de vincular su cartera con instrumentos financieros concretos, en lugar de limitarse en algunos casos a señalar organismos como fuentes potenciales.

¿Quién hace qué?

Existe una tercera área de oportunidad: la instrumentación jurídica e institucional.

El agua funciona como un sistema metropolitano, pero las atribuciones están distribuidas. CONAGUA mantiene competencias fundamentales sobre aguas nacionales, acuíferos, cauces, vasos, zonas federales y determinada infraestructura hidráulica. Las entidades federativas, municipios y alcaldías tienen otras responsabilidades relacionadas con agua potable, drenaje, servicios urbanos, territorio e infraestructura.

Por ello, cada proyecto debería establecer con precisión quién planea, quién autoriza, quién aporta los recursos, quién ejecuta, quién opera y quién mantiene.

La coordinación metropolitana necesita traducirse en responsabilidades concretas. De otra manera surge un problema que conocemos bien: muchas instituciones participan y la responsabilidad por el resultado termina diluyéndose.

El seguimiento también requiere mayor precisión. El PGD utiliza indicadores útiles para evaluar disponibilidad y calidad del servicio, mientras el POZMVM incorpora variables como estrés hídrico, tratamiento, pérdidas y zonas de recarga. El siguiente paso debería ser construir un balance público y periódico que permita conocer cuánto extraemos, perdemos, reutilizamos, captamos e infiltramos, y cómo evoluciona realmente el acuífero.

Lo que quedaron a deber

El PGD y el POZMVM tienen aspectos que debemos reconocer. Identifican la gravedad del problema, incorporan conceptos contemporáneos y plantean acciones necesarias. En el caso del POZMVM, introducir la Metrópoli Esponja en la agenda constituye un avance relevante.

Pero frente a la dimensión de la crisis, ambos instrumentos quedaron a deber.

Falta demostrar con mayor profundidad la factibilidad de algunas propuestas, estructurar su financiamiento, definir porcentajes de participación, precisar competencias y responsabilidades y, principalmente, vincular cada acción con resultados hídricos verificables.

Ser críticos con nuestros instrumentos de planeación significa fortalecerlos. Señalar sus aciertos y sus insuficiencias permite corregirlos y evitar una práctica demasiado frecuente: producir grandes documentos con horizontes ambiciosos que, ante la ausencia de instrumentos efectivos de ejecución, terminan guardados en el cajón de algún escritorio.

Una política hídrica seria debería superar cinco pruebas: qué se hará, cuánto costará, quién lo pagará, quién puede legalmente ejecutarlo y cuánta agua permitirá recuperar.

El POZMVM introduce una idea que puede ayudar a construir esa nueva ruta: Metrópoli Esponja. Convertirla en una estrategia viable requiere pasar ahora del concepto al territorio.

De eso trata la segunda parte.

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