Nuevo ciclo escolar. Reflexiones sobre la política educativa

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 convoca a millones de estudiantes y docentes en todo el país, abriendo un nuevo período de expectativas sociales. La narrativa oficial celebra la expansión de programas de bienestar y la consolidación de un modelo educativo centrado en la comunidad. Sin embargo, este arranque de ciclo lectivo llama a evaluar la política educativa como un sistema integral, con el reto de que los recursos destinados se reflejen en mejores aprendizajes. La verdadera eficacia de la política educativa se medirá en su capacidad para transformar las aulas en espacios de aprendizaje y de mejora de nivel de vida comprobables.

El presupuesto educativo federal 2026 asciende aproximadamente a 1.2 billones de pesos (3%-4% del PIB, según la Secretaría de Hacienda), con una concentración significativa en educación básica: de los casi 547 mil millones de ese nivel, más de 90% se destina a la nómina magisterial vía el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Ramo 33), lo que representa entre 45% y 50% del total; las becas universales superan 14% y la capacitación docente, menos de 0.2%. En la práctica, las transferencias alivian la economía de los hogares, donde persisten graves factores extraescolares (en 2024 el 45.8% de los menores vive en pobreza y 14% de la primera infancia sufre desnutrición crónica, según Coneval y la ENSANUT), pero el presupuesto educativo tiene la oportunidad de complementar la dispersión de subsidios monetarios con una inversión estratégica en capacidades pedagógicas duraderas. A este desafío se añade la necesidad de articular mejor el sistema formativo con la demanda productiva, para facilitar la inserción de los jóvenes a empleos de alto valor agregado.

En infraestructura, el programa La Escuela es Nuestra canalizó transferencias directas a comités escolares, empero sus montos se limitan a reparaciones superficiales. Todavía hay rezagos que superar. Según datos de Mejoredu y el INEGI, 19% de las escuelas públicas carece de agua potable continua, más de 57% no dispone de internet pedagógico y casi 6% opera sin electricidad con suministro formalizado. Asimismo, las recientes olas de calor extremo convirtieron miles de aulas en espacios inhabitables que forzaron la suspensión de clases. La infraestructura escolar puede evaluarse mejor no solo por los recursos transferidos, sino por los días efectivos en que un plantel garantiza condiciones dignas de habitabilidad y conectividad para estudiar.

En el plano pedagógico, los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana sustituyeron asignaturas tradicionales por proyectos comunitarios, diluyendo deliberadamente la enseñanza secuencial de las matemáticas y las ciencias en breves cápsulas de consulta. Este enfoque merece revisión ante un panorama que exige atención: con datos de la prueba PISA de la OCDE, 66% de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel mínimo de competencia matemática, y 47% presenta deficiencias en comprensión lectora. Fortalecer los contenidos científicos en los materiales oficiales constituye una oportunidad clave para cerrar la brecha de aprendizaje, especialmente entre los estudiantes que dependen exclusivamente de la escuela pública.

La formación magisterial y la evaluación del sistema enfrentan rezagos análogos. Eliminar los esquemas de evaluación docente de corte laboral era pertinente si se diseñan y aplican instrumentos de medición más apropiados para sustituir las pruebas estandarizadas de aprendizaje. No es casualidad que, tras la extinción de los organismos técnicos de medición y la falta de instrumentos censales comparables, el país carezca de información confiable sobre el rezago escolar. A la par, el presupuesto para capacitar profesores representa un monto marginalmente significativo por docente al año. Recuperar mecanismos confiables de medición del rendimiento escolar le daría al Estado la brújula efectiva para orientar la política pedagógica y corregir deficiencias en las aulas.

En el Segundo Informe de Gobierno, la presidenta celebró las becas universales, la atención a más de 73 mil planteles, la creación de 156 mil espacios en bachillerato y un incremento salarial de casi 20% para el magisterio. Sin embargo, el discurso oficial no presentó un solo indicador de rendimiento escolar ni mencionó los resultados de PISA, sustituyendo la evaluación por el principio de que la permanencia equivale a calidad. La eliminación de los exámenes de admisión al bachillerato en 17 estados, reemplazados por el programa "Mi derecho, mi lugar", ilustra estructuralmente esta lógica: el acceso se garantiza por proximidad geográfica, no por preparación académica. El riesgo no es que el gobierno celebre lo invertido, sino que pierda la oportunidad de complementar el acceso universal con estándares de calidad que conviertan la permanencia en aprendizaje real.

La educación nacional no puede reducirse a una suma fragmentada de transferencias monetarias, libros reorientados y obras menores de mantenimiento. Las becas constituyen un valioso apoyo familiar, pero la permanencia física en la escuela resulta insuficiente sin una formación rigurosa. En suma, el desarrollo de México exige articular los recursos públicos alrededor de estándares verificables de calidad en el aula. El riesgo no es que el Estado gaste más en educación y distribuya millones de becas, sino que esa cuantiosa inversión pública no se articule con las capacidades cognitivas reales que el país necesita para construir un mejor futuro desde las aulas.

*Presidente de Consultores Internacionales, S.C.

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