Siempre he confiado en el INEGI. Quizá lo único realmente memorable de la gestión de Miguel de la Madrid fue que el 25 de enero de 1983 se creó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Para quienes no lo tienen claro -quizá los más jóvenes-, se trata de un organismo público autónomo “responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía”.
El INEGI radiografía constantemente México y los datos que genera permiten dar a conocer “las características de nuestro país”, lo cual ayuda “a la toma de decisiones”. Sí, y también revisar y auscultar lo que hacen -y dejan de hacer- los gobiernos municipales, estatales y federales.
Desde los años ochenta el INEGI ha sido una extraordinaria herramienta para quienes ejercemos este oficio del periodismo. Por ejemplo, durante algún tiempo me dediqué a hacer reportajes sobre la pobreza y gracias a la gente del INEGI podía disponer de absolutamente todos los detalles de los municipios paupérrimos que había en México. Todo, desde el tipo de vivienda (palos, láminas), el piso (tierra), las posesiones (dos gallinas), la forma de cocinar (con leña), la higiene (sin agua), los ingresos (un dólar); en fin, una fotografía de altísima precisión que se complementaba con el trabajo de campo.
A finales de la década pasada la especialización del INEGI ya era asombrosa. En algún momento pude concretar -gracias a sus técnicos- un reportajito sobre los años de vida
perdidos debido a los 23 mil asesinatos de mujeres perpetrados en este país a lo largo de diez años. Usamos -el INEGI y yo- el promedio de edad que tenían las mujeres al momento de ser asesinadas y le añadimos la expectativa de vida que tenían esas mujeres en el momento de la ejecución. El lead de la nota era algo así: “En 10 años (2008-2017, de Calderón a Peña Nieto), México acumuló 979 mil años de vida potencialmente perdidos a causa de los 23 mil 963 homicidios dolosos perpetrados contra mujeres. En cada charco de sangre, donde yace una mujer asesinada, quedan 40.9 años de vida potencialmente perdidos. Eso es lo que, en promedio, le han arrebatado los sicarios a cada mujer, a sus familias y al país”.
Esta semana el INEGI dio una buena noticia: que la percepción de inseguridad sigue bajando. En diciembre pasado 59.1 % de la población consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Sigue siendo muchísimo (casi 6 de cada 10 mexicanos), pero “lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en septiembre de 2023 y diciembre de 2022, que fueron de 61.4 y 64.2 %, respectivamente”. Es decir, una baja de más de dos puntos porcentuales respecto al monitoreo previo (la encuesta es trimestral) y de más de cinco puntos -que es mucho- en comparación con lo que se registró hace un año.
Cuando Enrique Peña Nieto dejó el poder, en 2018, la percepción de inseguridad afectaba al 74.9 % de la población. En cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador el descenso ha sido de 15.8 puntos porcentuales, lo cual es una baja enorme.
Qué bueno que así sea, a pesar de las barbaridades que seguimos documentando en muchos puntos del país donde la delincuencia está desatada y se ha vuelto sumamente altanera (para empezar en las carreteras, como han documentado los empresarios transportistas, donde la vigilancia ha desaparecido: ¿no que la Guardia Nacional iba a sustituir a la Policía Federal?); qué bueno, de verdad, que cada vez menos mexicanos perciban que sus lugares de vida son inseguros pero (en esta profesión siempre hay un “pero” porque los periodistas debemos desconfiar de todo y de todos)… espero que sean datos verídicos y no que las mujeres y hombres de la 4T estén distorsionando las cifras.
Eso sería de una vileza injustificable y deben saber que, si está ocurriendo, al final los vamos a cachar, tal como descubrimos y exhibimos las tropelías de priistas, panistas y perredistas.
BAJO FONDO
Algo similar ocurre con los números oficiales de la Secretaría de Seguridad: esta semana Rosa Icela Rodríguez, titular de esa oficina, también dio buenas noticias, pero… ¿le creemos o dudamos de sus datos? Informó que el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos era de 101 cuando Peña Nieto salió de Los Pinos (cierto, según los datos del INEGI) y que ahora ese promedio es de 81 (estadísticas a diciembre, pero son números de las fiscalías, no del INEGI). Es una baja considerable, de 20 %. Y si es así, a pesar de las masacres que seguimos viendo debido a las guerras entre cárteles, qué bueno que tengamos lo que parece ya una tendencia descendente.
El total de homicidios dolosos que hubo durante el último año de gobierno de Peña Nieto fue de 36 mil 685, según cifras definitivas del INEGI. El total del año pasado fue de 29 mil 675, lo cual es una baja considerable de siete mil 10 asesinatos menos, pero… los datos de 2023 son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con números proporcionados por las fiscalías de los estados. Si dentro de algunos meses el INEGI confirma esos números, será una buena noticia.
Veremos, pero no sólo eso informó Rosa Icela Rodríguez, también dijo que en “50 municipios prioritarios (los más violentos, asumo)” este delito cayó 23.2% respecto al mismo mes de 2018. Y más, que en 32 de estos lugares hubo una baja de… ¡45.4%!, en promedio.
De nuevo: si es así, qué bueno, la verdad, pero como anden distorsionando las estadísticas, reitero: al final serán exhibidos en su calidad de falsarios. O sea, que habrán demostrado ser no sólo iguales sino peores que quienes los antecedieron, por haber prometido que no se comportarían como ellos y defraudarnos, engañarnos.
AL FONDO
Homicidios dolosos durante los primeros cinco años de Peña Nieto: 120 mil 473.
Homicidios dolosos durante los primeros cinco años de López Obrador: 142 mil 421, es decir, 21 mil 948 más.
Los números se pueden leer de muchas formas, Sra. Secretaria.
Twitter: @jpbecerraacosta