¿Ya se aplacó la rebelión de Rocha Moya y los suyos?

La respuesta es no. Al escribir este artículo aún no se definía en el Congreso de Sinaloa quién será el nuevo gobernad@r interin@. La idea desde el gobierno federal era que el exsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, asumiera el cargo. Pero este inteligentemente declinó pues no quiso ocupar un cargo en un estado en cuasi guerra civil y, además, copado por funcionarios vinculados a algún cartel del narcotráfico. La descomposición de Sinaloa lleva años, cuando más grave desde las elecciones de 2021, pero nadie ha hecho nada.

En el gobierno federal prefieren que no regrese a ocupar el cargo del interinato la actual secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla, pero mientras el Congreso local no nombre a un nuevo gobernador, en los hechos ella —que es incondicional de Rubén Rocha Moya— está de facto gobernando. El problema es encontrar a alguien que quiera asumir la gubernatura y que de preferencia no sea del entorno de Rocha.

Pero tener a un nuevo gobernador independiente al grupo político cuestionado por sus narco vínculos es apenas el primer paso en la ruta par

Para aplacar a Rubén Rocha, en su breve retorno, el gobierno federal y los liderazgos de Morena en el Congreso analizaron tres opciones:

1.— Proceder penalmente contra él, pero necesitaban desaforarlo en la Cámara de Diputados y, luego, en el Congreso del Estado, lo que llevaría meses, en el mejor de los casos.

2.— Extraditarlo a los EU, pero esa opción por “soberanía” no les gusta y, además, como gobernador habría que desaforarlo. Ahora fuera del cargo no se requiere, pero difícilmente lo enviarán a Estados Unidos.

3.— La desaparición de poderes en Sinaloa, esta era la opción más fácil pues con 2/3 de los votos del Senado se “limpiaba” con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en Sinaloa. Máxime que estos tres Poderes le reportan directamente a Rocha en los hechos. La medida, usada varias veces en el siglo pasado era viable, pero asemejarse al priismo no le gustaba a la Presidenta. Pero, ante la inmediatez de poder proceder con la “desaparición”, fue el instrumento que se usó para presionar a Rocha y que éste desistiera de continuar en el palacio de gobierno.

Una vez que se defina quién es el nuevo titular del poder ejecutivo local, la Fiscalía General de la República tendrá que definir si le fincan cargos a Rocha Moya y lo manda a juicio para buscar llevarlo a prisión. Causas hay de sobra: desde la protección institucional a los carteles —el jefe de escoltas de El Mayo era un comandante de la policía judicial local—; las irregularidades y su coartada en el asesinato de Héctor Melesio Cuen, su enemigo político y exrector de la UAS; y, desde luego, sus vínculos con el crimen organizado desde la campaña del 2021.

Si la federación no usa su poder disuasivo (el uso del aparato penal) para llevar a Rocha Moya a la cárcel y poner un alto a sus tropelías, la debilidad del gobierno federal será más patente. Además, los retos de los gobernadores a la Presidenta continuarán.

Ahí está el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila que, con tal de salvar su visa y sus propiedades en Estados Unidos, estaba dispuesta a dar información de “las mesas de seguridad” al vecino del norte; o, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que usa —contrario a la instrucción presidencial— jets privados cual miembro del jet set, según reveló el diario Reforma. Y desde luego, qué hacer con Andy López Beltrán y sus arrebatadas cartas al presidente Trump que ponen en riesgo a un país por la pérdida de su visa. Tan sólo por mencionar los retos a la Presidente de las últimas semanas.

Así, mientras muchos liderazgos morenistas se van “por la libre”, la Presidenta sale a defenderlos, dilapidando su capital político, pero sobre todo su credibilidad al defender lo indefendible.

La Presidenta tiene que definir cómo va a usar el poder legal y meta legal con que cuenta. Si no lo usa, la seguirán debilitando. Además, si decide usarlo puede tener la oportunidad para, en unos meses, tomar el control de la mayoría de las gubernaturas morenistas (17 entidades están en juego) y nombrar a los legisladores de Morena para la siguiente legislatura. Que sean de ella, no de su predecesor, ni del partido. De ella.

Como dice la publicación de la Presidenta, del sábado, “México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna”. Ahora ella tiene que definir y ejecutar cuál es su responsabilidad histórica, pues a estas alturas le debe de quedar claro que la mayoría de los gobernadores morenistas no trabajan a favor de la Nación y que el seguir solapándolos tendrá un costo histórico.

X: @JTejado

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