El Paquete Económico para 2027 no atiende los problemas de fondo

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enfrentó un reto enorme al elaborar los Criterios Generales de Política Económica para 2027 (CGPE).

Para empezar, limitantes de tipo político. Por el lado de los ingresos, la imposibilidad de introducir nuevos impuestos o aumentar los existentes ante el costo que esto podría tener en las elecciones del año entrante. Por el lado del gasto, las restricciones para llevar a cabo una política demasiado austera por el mismo motivo.

A esto se agrega la importancia de mandar una señal de prudencia a los mercados y a las agencias calificadoras.

Todo ello en un entorno de rigideces considerables en el gasto público derivadas del gasto social, el costo financiero de la deuda, las participaciones y las erogaciones en pensiones.

Ante una situación con tantas restricciones, me parece que la SHCP diseñó un programa que busca conciliar estos objetivos y ganar tiempo, fundamentalmente por dos vías: la ampliación de la base gravable del impuesto sobre la renta (ISR) y el mantenimiento de la inversión pública en 2.6% del PIB.

Así, el paquete económico contempla una reducción del déficit fiscal (RFSP) de una cifra estimada en 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027. Según los cálculos de la SHCP, estas medidas permitirían limitar el incremento de la deuda pública, de 54.0% del PIB en 2026 a 55.0% en 2027.

Aunque el logro de estas metas ha sido cuestionado por diversos analistas, es probable que el paquete satisfaga, por ahora, las presiones descritas anteriormente. Desafortunadamente, varios aspectos del mismo despiertan interrogantes, y los retos de mediano y largo plazos para las finanzas públicas siguen vigentes.

La base del ajuste en 2027 está del lado de los ingresos presupuestarios, ya que el gasto neto total aumenta ligeramente. Si bien se contemplan acciones de simplificación para pequeñas y medianas empresas e incentivos para la repatriación de capitales, entre otras, la pieza central es la ampliación de la base gravable mediante el acotamiento de las deducciones aplicables al ISR y de la amortización de pérdidas fiscales, con el argumento de un empleo abusivo de estos mecanismos.

La SHCP presenta estas medidas como un combate a la elusión y la evasión. El problema es que elevan la carga fiscal para todas las empresas, independientemente de si han cometido abusos o no, lo que puede desincentivar la inversión privada. Lo anterior es preocupante, dado que el insuficiente ritmo de crecimiento económico es uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro país. Además, la SHCP estima el crecimiento potencial de la economía en un modesto 2%, cifra incluso optimista en mi opinión.

Ante la rigidez de otros componentes del gasto, la inversión pública ha representado la variable de ajuste para contener el déficit de las finanzas públicas durante los últimos años. Este no es el caso en 2027, ya que se tuvo cuidado de no afectarla. Todo indica que esto obedece a la conveniencia de sostener ese gasto en un año electoral.

Aunque en principio es una buena noticia que se mantenga este tipo de erogaciones, los cuestionables proyectos del sexenio anterior siguen absorbiendo montos importantes de recursos y, en todo caso, la información proporcionada es insuficiente para evaluar la calidad en la asignación de estos recursos.

El paquete económico para 2027 sigue sin resolver el problema financiero de Pemex. Se había prometido que para 2027 Pemex sería autosuficiente. Sin embargo, los apoyos continuarán, habiéndose programado 81.1 miles de millones de pesos para amortizaciones de deuda y créditos bancarios. Y lo peor es que no hay nada que lleve a pensar que la carga que Pemex representa para las finanzas públicas esté en proceso de eliminarse.

Los CGPE no atenúan la preocupación por la situación de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos. Los economistas de la SHCP no dejan margen para dudas con sus proyecciones para el periodo 2028-2032. Como lo muestra el cuadro 2 del Anexo III del documento, incluso comprimiendo fuertemente la inversión pública a 1.8% del PIB en 2028 y a 1.5% en 2032, la deuda pública aumentaría a 56.5% del PIB en el último de estos años. Este escenario no se va a materializar porque es a todas luces inviable. De no adoptarse otras acciones, la deuda pública superará por mucho el nivel proyectado por la SHCP.

Diversas fuentes nacionales y extranjeras han llamado la atención sobre el hecho de que los bonos de largo plazo en dólares representan un costo mayor para México que para otros países, como Guatemala, que no tienen grado de inversión. Nuestras autoridades han criticado esos reportes, señalando entre otras cosas que las primas de riesgo por incumplimiento (CDS) para México muestran una situación diferente.

Ayudaría mucho que la SHCP explicara por qué el referido costo de emisión está operando de manera desfavorable para México, incluso en casos en los que no pareciera justificarse. Asimismo, más que una actitud defensiva ante tales comentarios, debería reconocerse que la preocupación que están expresando es compatible con lo que está incorporado en las proyecciones de mediano y largo plazos de la propia SHCP.

Nuestras finanzas públicas enfrentan vulnerabilidades que no se han resuelto y que son cada vez más preocupantes. Atenderlas tiene un costo político. Pero el costo de no hacerlo sería mucho mayor para todos, incluyendo aquellos que tienen el poder y la obligación de corregirlas.

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