El despotismo moderno ha sustituido la brutalidad del cuartelazo por la sutileza del trámite. La administración pública federal legisla hoy mediante acuerdos, circulares y disposiciones administrativas, saltándose peligrosamente el proceso legislativo. Ejemplo de ello es el acuerdo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para abrir a consulta pública sus Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, mismo que la Presidenta de la República presentó bajo el manto sedante del civismo, la autorregulación y el derecho constitucional a información veraz.
A primera vista, el anteproyecto enarbola causas nobles: distinguir la publicidad del contenido, identificar espacios de opinión y garantizar el derecho de réplica. La ironía resulta manifiesta e indignante cuando la supuesta propuesta a favor de la veracidad proviene, paradójicamente, de los mismos inventores de la mentira contumaz que ha cultivado desde hace ocho años la narrativa de los “otros datos”.
Resulta paradójico que el Estado, señalado sistemáticamente como el ente más opaco, se arroga ahora la potestad de fijar el "rasero de la mentira" y exige un estándar de veracidad y transparencia bajo la amenaza del ahogamiento financiero; medida que a todas luces violenta el derecho humano a la información y el artículo 6° constitucional que salvaguarda la libre manifestación de ideas. Con esta maniobra burocrática, el gobierno olvida que el derecho a la información es una garantía a cargo del Estado frente a los ciudadanos, no un derecho del Estado para fiscalizar a la sociedad.
El oficialismo asegura que no busca la censura, pues de haber sido esa la intención, cuenta con los instrumentos legales para hacerlo; haciendo parecer que la libertad de prensa ya no es un derecho inalienable, sino una concesión graciosa del Ejecutivo, invitándonos a celebrar que la jaula permanezca abierta, sin apreciar que la mano que sostiene la puerta conserva la facultad de cerrarla a conveniencia.
El riesgo más grande está en que el documento articula un dispositivo sancionador sobre conceptos deliberadamente ambiguos como “verdad” o “contexto”. Si una nota, reportaje o transmisión afecta al gobierno y éste la califica administrativamente de "falsa", el medio queda acorralado ante dos únicas salidas: retractarse y plegarse a la versión oficial, o enfrentar sanciones que comprometen su permanencia. No existe un tercer árbitro independiente entre el criterio del gobierno y el concesionario. En los hechos, el propio procedimiento de queja (artículos 41 al 51 del anteproyecto) coloca la decisión última en manos de la autoridad, convirtiendo la "veracidad" en una vara que el gobierno aplica con rigor contra los demás y elude convenientemente para sí mismo.
Al prohibir la información “descontextualizada” o “falsa” y exigir probar su veracidad, la CRT asume un monopolio semántico a sabiendas de que el periodismo no es una ciencia exacta de ecuaciones cerradas; evaluar administrativamente la “porción de realidad” que un medio decide publicar no es regular: es apropiarse de la narrativa pública. Como advertía Carl Schmitt, el verdadero soberano no es quien redacta la norma general, sino quien se reserva la facultad de decidir sobre el estado de excepción cuando la regla resulta imprecisa.
Al describir la erosión democrática moderna, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt señalan que los regímenes del siglo XXI no caen por invasiones externas, sino que se quiebran desde adentro mediante el sofocamiento gradual de sus contrapesos: la captura de los órganos autónomos, la coerción del Poder Judicial y la consolidación de un entorno institucional diseñado para desarmar la disidencia. El espejo venezolano de la Ley Mordaza de 2004, que bajo el pretexto de la “responsabilidad social” y la “veracidad” derivó en la asfixia del ecosistema de medios críticos, ofrece un mapa histórico demasiado claro para ignorarlo.
En una sociedad lastimada por la desigualdad y el desencanto con las instituciones, el discurso oficial transforma el ataque a la prensa en una supuesta revancha popular contra las élites. Mientras tanto, el poder invierte los papeles para victimizarse: la conferencia matutina se presenta como un “derecho de réplica” de la jefa de Estado, prerrogativa de la cual el Estado no goza; esta garantía es un derecho del ciudadano indefenso contra el poder del gobernante dotado de presupuesto público y cadena nacional.
Al final, el Estado mexicano se convierte cada vez más en el ogro filantrópico que Octavio Paz describió con lucidez; recubre su vocación autoritaria con el lenguaje de la protección ciudadana y la ética pública. El ogro no necesita tanques en las calles; le basta redactar transitorios, emitir circulares, exigir sellos de ventanilla e imponer la sumisión. Cuando se impone un guardián de la verdad designado por el Ejecutivo, la república no muere de un golpe traumático, sino por inanición cívica, disuelta en la cómoda ilusión de la tutela estatal.
Notario y exprocurador de la República
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