Con frecuencia, en México se reportan avances absolutos, pero se omite colocar al país en un cuadro comparativo internacional, lo que implica soslayar los retrocesos relativos frente a otras economías. De este modo, aunque un indicador mejore con el paso de los años, México puede estar quedándose atrás cuando la mayoría de las naciones progresan más rápidamente.
Para determinar si México se encamina hacia una mayor prosperidad o un mayor rezago relativo, resulta útil comparar su desempeño con el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su conjunto. La comparación resulta pertinente porque México forma parte de la OCDE desde 1994 y, en la actualidad, esta organización agrupa a 38 naciones. Un indicador muy ilustrativo es el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante, puesto que muestra cómo evoluciona la producción de bienes y servicios por persona. Un mayor PIB por habitante significa, en principio, una mayor disponibilidad de satisfactores en relación con el tamaño de la población, aunque nada dice sobre cómo se distribuyen entre los individuos o los hogares.
En este contexto, de acuerdo con cálculos propios con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial (IDM), durante el periodo 1994-2025 la tasa media anual de crecimiento del PIB real por habitante fue de 1.46 % en el conjunto de la OCDE, 1.19 % en América Latina y el Caribe, 1.63 % en Estados Unidos y apenas 0.56 % en México. Esto significa que, en lo referente a este importante indicador, la OCDE avanzó a una tasa equivalente a 2.6 veces la de México; América Latina y el Caribe, a 2.1 veces; y Estados Unidos, a 2.9 veces.
El resultado indica que México ha venido perdiendo cada vez más terreno frente a otras economías. Este desempeño no puede atribuirse exclusivamente a las administraciones del pasado. De hecho, en el periodo 2019-2025, correspondiente a los gobiernos de la 4T, el rezago relativo de México se ha profundizado de manera notable: la tasa media anual de crecimiento del PIB real por habitante fue de 1.28 % en el conjunto de la OCDE, 1.09 % en América Latina y el Caribe, 1.8 % en Estados Unidos y apenas 0.16% en México. Es decir, México prácticamente se ha estancado en los últimos años. De ahí que, entre 2019 y 2025, la OCDE avanzara a una tasa equivalente a 8 veces la de México; América Latina, a 6.9 veces, y Estados Unidos, a 11.3 veces.
A la luz de estos resultados, difícilmente puede sostenerse el argumento de que el magro crecimiento del PIB real por habitante de México sea únicamente una herencia del pasado, pues en años recientes el rezago de México en comparación con otras naciones no sólo ha persistido, sino que se ha acentuado de manera considerable. Tampoco la pandemia alcanza para justificar el deslucido desempeño del país en este terreno, pues se trató de un choque internacional que afectó, en mayor o menor medida, tanto a la región latinoamericana como a las naciones de la OCDE. Precisamente por ello, colocar a México en un cuadro comparativo con un amplio grupo de países resulta particularmente revelador.
Para proporcionar algunas claves que contribuyan a explicar el comportamiento reciente del PIB real por habitante, conviene examinar la evolución de la productividad laboral. La información internacional comparable disponible en la OCDE, que llega hasta 2023, permite observar que, entre 2019 y 2023, la tasa media anual de crecimiento de la productividad laboral fue de 1.06 % en el conjunto de la OCDE, 1.56 % en Estados Unidos y -1.02 % en México. Esto significa que, durante ese periodo, México acumuló una pérdida de 5.01 % en productividad laboral, mientras que la OCDE y Estados Unidos registraron ganancias acumuladas de 5.43 % y 8.05 %, respectivamente.
La relevancia de este hallazgo radica en que la productividad laboral constituye uno de los motores del crecimiento del PIB y, por ende, del PIB por habitante. Su evolución resulta fundamental y refleja, entre otros factores, la calidad de la educación y la capacitación de los trabajadores, así como la infraestructura disponible y la inversión en maquinaria, equipo y nuevas tecnologías. En este sentido, los resultados de la prueba PISA 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) tampoco son alentadores para México, puesto que el país se mantuvo claramente por debajo del promedio de la OCDE en áreas críticas como matemáticas, ciencias, lectura y resolución de problemas computacionales. La prueba PISA proporciona elementos para determinar qué tan eficaces son los sistemas educativos de los países participantes en la preparación de sus jóvenes para enfrentar los retos del mercado laboral en un mundo globalizado.
Paradójicamente, el rezago del PIB por habitante de México no parece explicarse por un bajo nivel agregado de inversión. De acuerdo con los IDM, la formación bruta de capital fijo de México representó, en promedio, 21.6 % del PIB entre 1994 y 2024. Las diferencias frente a la OCDE y Estados Unidos fueron marginales, puesto que durante el mismo período
reportaron 22.6 % y 21.2 % del PIB, respectivamente. El problema parece radicar más bien en la calidad y composición de la inversión, en combinación con la insuficiente calidad educativa, el lento crecimiento de la productividad laboral y el reducido gasto en investigación y desarrollo (I+D) que realiza nuestro país en relación con el PIB. De acuerdo con el Estudio Económico de México 2026 elaborado por la OCDE, México destinó a I+D apenas 0.3 % del PIB en 2023, mientras que el promedio más reciente disponible para la OCDE fue equivalente a 3 % del PIB en 2022, diez veces el nivel de México.
Las vulnerabilidades educativas y el exiguo gasto en I+D restringen la capacidad de la economía no sólo para innovar, sino también para adaptar tecnologías avanzadas y generalizar su uso. Esto contribuye a explicar el escaso dinamismo de la productividad laboral y la dificultad para producir partes y componentes de mayor contenido tecnológico para el sector exportador, lo que a su vez limita la creación de nuevos encadenamientos productivos y la generación de derramas de la actividad exportadora hacia el resto de la economía.
A lo anterior se añade la calidad del entorno institucional, puesto que el respeto al estado de derecho, el marco regulatorio y la seguridad pública influyen en las decisiones de inversión y en los incentivos para innovar. De acuerdo con los informes del World Justice Project (WJP), el puntaje agregado de México en materia de estado de derecho disminuyó de 0.45 en 2019 a 0.40 en 2025, una caída de 5 centésimas en tan solo seis años. Este resultado es relevante por dos razones. La primera es que el índice agregado resume el desempeño del país en ocho dimensiones: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
La segunda es que el propio informe del WJP de 2025 señala la existencia de una correlación positiva entre las mejoras en el respeto al estado de derecho y la productividad económica de los países (p. 8). En síntesis, aunque México avanza en materia de PIB por habitante, lo hace a un ritmo considerablemente menor que el de otras economías. Las deficiencias educativas, el bajo gasto en I+D, la falta de dinamismo de la productividad laboral y el deterioro institucional de años recientes ayudan a entender por qué el PIB por habitante crece tan lentamente.
Profesor-investigador de la UAM-Azcapotzalco e Investigador Nacional Nivel III
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