“Por una justicia real y verdadera” es el lema de la actual presidencia de la Suprema Corte. La frase roza el pleonasmo, pues una justicia real tendría que ser verdadera y una justicia verdadera tendría que existir más allá de la propaganda. La redundancia, sin embargo, es el menor de sus problemas.

El lunes 7 de septiembre, una semana después del primer aniversario de la nueva integración, Hugo Aguilar Ortiz presentó su balance en el Área de Murales de la Corte. Lo hizo con una certeza difícil de conciliar con la información disponible: “No hay rezago, no hay ineficiencia; hay cambio real y verdadero”.

Para sostenerlo,, incluido el rezago heredado, y que se resolvieron 13 mil 231, equivalentes al 88 por ciento. También sostuvo que, de los mil 479 asuntos recibidos de la integración anterior, únicamente quedan 44 pendientes. Si la categoría es comparable y puede auditarse, representa un avance que debe reconocerse.

Sin embargo, la cifra general suscita más preguntas cuando se desagrega. Solamente 2 mil 640 asuntos fueron resueltos por el Pleno, mientras 10 mil 591 concluyeron mediante acuerdos. Cuatro de cada cinco expedientes computados como resueltos no fueron decididos por las ministras y los ministros reunidos en Pleno.

Los acuerdos son parte indispensable del trámite judicial, aunque no equivalen automáticamente a sentencias con impacto significativo. Sin conocer cuántos fueron desechamientos, devoluciones, incompetencias, acumulaciones u otras determinaciones procesales, el 88 por ciento mide movimiento de expedientes, pero dice muy poco sobre la justicia impartida. Tampoco permite evaluar la duración de los procedimientos, la relevancia de los casos o la calidad de las decisiones.

Cuatro días antes del acto, el, coordinado por el ministro en retiro, José Ramón Cossío, reunió seis mesas de análisis con académicos, organizaciones civiles y personas juzgadoras en retiro. A esa vigilancia se suma, cuyo informe sobre el segundo trimestre contabilizó 412 asuntos en 30 sesiones, advirtió una caída en el volumen resuelto por jornada y documentó la falta de estadística judicial completa. Para contabilizar junio, sus investigadores tuvieron que reconstruir los datos manualmente a partir de las versiones taquigráficas de la sesiones.

El propio Aguilar admitió que la Corte suspendió la difusión de la estadística mientras mejora su sistema. Después de un año, anunció que la captura electrónica comenzará “en los próximos días”. Esto es grave, pues una institución comprometida con la transparencia pública datos provisionales, explica sus deficiencias y conserva series comparables mientras corrige sus sistemas. Suspender la información impide verificar precisamente aquello que después se proclama como un éxito.

Al cierre de esta columna, la Corte había difundido el video del discurso y un comunicado, aunque todavía no podía localizarse un informe integral acompañado de anexos, metodología y bases descargables. La rendición de cuentas quedó reducida, por ahora, a las cifras seleccionadas por quien rinde cuentas.

El acto ocurrió bajo la mirada de los murales de José Clemente Orozco y precisamente en unos de ellos, la justicia aparece recostada, casi dormida, mientras el desorden avanza a su alrededor y las personas intentan inclinar la balanza a su favor. Espero que quienes estuvieron en el salón hayan levantado la vista para encontrarse con una advertencia que sigue vigente.

Si el Poder Judicial pertenece a todas y todos, sus datos también. La realidad de la justicia se comprueba con sentencias, estadísticas completas y resultados que cualquier persona pueda reproducir y discutir. Mientras eso no ocurra, el retrato más preciso seguirá siendo el de Orozco: una justicia dormida bajo un lema que insiste en llamarla real y verdadera.

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